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A partir de mañana y para evitar sucesos como los de León, los representantes de las organizaciones civiles deberán abstenerse de realizar manifestaciones o concentraciones públicas durante los 42 días de campaña electoral, pues el Consejo Supremo Electoral, CSE, priorizará --en conjunto con la Policía Nacional-- las actividades de los partidos políticos y de los candidatos.

El presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes, aseguró ayer que sólo el Poder Electoral está autorizado, durante el período de campaña, a emitir los permisos correspondientes para manifestaciones, concentraciones o mítines, y que la prioridad serán los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales de los partidos y alianzas de partidos participantes en la contienda.

No hay tiempo para otros menesteres
Rivas recordó a las autoridades policiales que cualquier permiso debe consultarlo con el CSE; además, exhortó a los candidatos de los partidos y alianzas de partidos a realizar una campaña cívica, pacífica y de respeto mutuo.

“La Policía Nacional no puede disponer de un tiempo exclusivo para la campaña electoral”, enfatizó.

“Yo creo que por el bien de esta contienda, los organismo civiles deben replegarse y dejar a los partidos políticos hacer su campaña”, dijo Rivas.

Según él, estas organizaciones no tienen derecho a interrumpir el proceso democrático del país y, por ende, “deben abstenerse de entorpecer” el desarrollo de la campaña.

¿Y el banderillazo?
Pese a que intentó deslindar el inicio de la campaña con los sucesos de León durante los cuales miembros del Frente Sandinista agredieron a candidatos de otros partidos políticos, Rivas cifró sus esperanzas en que estos hechos no sean una constante en el desarrollo de la contienda.

Respecto al “banderillazo” de salida previsto para mañana, el presidente del CSE dijo que no se realizará por tratarse de una elección municipal, y cada localidad realizará la inauguración que estime conveniente.

De manera extraoficial se conoció que la causa de la cancelación del acto fue precisamente lo ocurrido en León.

De cualquier forma, Rivas aprovechó para recordar que los representantes legales de los partidos políticos y alianzas de partidos deberán depositar una fianza para responder ante situaciones como las de León.

Con la fianza, los partidos políticos se hacen responsables de los daños materiales que puedan causar, pero no evita un posible proceso penal.