Jorge Eduardo Arellano
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Nicaragua cada día se cierran los espacios de participación ciudadana y se está institucionalizando la violencia de manera muy peligrosa, concluyó ayer la Coordinadora Civil, tras analizar los sucesos violentos acaecidos el fin de semana recién pasado en León, y mientras el gobierno continúa presionando a través de las entidades públicas a los miembros de las organizaciones no gubernamentales, no afines al orteguismo.

“Hay una nueva situación en el país porque se están aumentando las presiones y las violaciones a los derechos que tienen los nicaragüenses a la información movilización y organización”, dijo Irving Larios, presidente de la Federación de Organismos no Gubernamentales, ONG.

Rechazan advertencia de Rivas
Las declaraciones las ofreció en una rueda de prensa en la que la Coordinadora Civil rechazó las declaraciones del magistrado del poder Electoral, Roberto Rivas, quien dijo que las organizaciones de la sociedad civil deberán abstenerse de marchar en lugares públicos.

“Sumado a lo anterior, seguimos siendo citados diversas ONG a instituciones de gobierno que nos demandan cosas que no están establecidas en la Ley 147, estamos muy preocupados”, dijo.

La Coordinadora Civil denunció que la Fiscalía les sigue citando acusándoles de supuestos delitos electorales. “Ya sabemos que esas acusaciones tienen fines concretos”, afirmó Luisa Molina.

“En Nicaragua se está institucionalizando la violencia. Vamos a seguir haciendo uso de nuestro derecho a la movilización, las calles son del pueblo, y cuando mencionan al pueblo deben referirse a todo el pueblo no a un sector”, dijo Mario Quintana, directivo de la Coordinadora Civil.

Organizaciones no son partidos
El director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izabá, desmintió ayer al presidente del CSE, Roberto Rivas, quien aseguró que cualquier manifestación de organismos de la sociedad civil tendrá que ser avalado por las autoridades correspondientes.

“Es falso que las organizaciones de la sociedad o cualquier otra que no sea partido político o alianza electoral deban ser avaladas por el CSE, es decir, el derecho de manifestación, de concentración está reconocido por el artículo 34 de nuestra Constitución”, dijo el funcionario del organismo defensor de los derechos humanos.