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El 22 de junio de 2012 entró en vigencia la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, y desde esa fecha hasta hoy existen al menos cinco recursos por inconstitucionalidad, radicados en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, según afirmó el magistrado Rafael Solís.

Uno de los argumentos alegados es que roza con el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Monseñor Silvio Fonseca, Vicario Pastoral de la Familia en la Arquidiócesis de Managua, y crítico de esta ley, ha declarado que la norma “inclina la balanza hacia las mujeres y deja desprotegidos a los hombres”.

Por su parte, el diputado Carlos Emilio López ha defendido la Ley, asegurando que en el proceso de aprobación se hizo un estudio minucioso de la Constitución Política y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, y, además, se consultó ampliamente a diferentes sectores para evitar inconsistencia.

“Si hay violencia a las mujeres, no hay igualdad”

La diputada Irma Dávila, Presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, citó el artículo 48 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual dice que el Estado tiene la obligación de “eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses”, entiéndase hombre y mujer, y en ese sentido Dávila enfatizó que “si hay violencia a las mujeres, no hay igualdad”.

A la vez, sugirió que se necesita crear el Observatorio Nacional por mandato de la Ley 779, mediante el cual se tendría el control exacto del número de casos en que los hombres violentan a la mujer y las denuncias hechas por las féminas.

El Observatorio también evaluaría, fiscalizaría y proporcionaría los datos oficiales de las denuncias y agresiones contra la mujer.

Dávila agregó que este órgano tiene que ser formado por la Comisión Interinstitucional que está integrada por un representante de la CSJ, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, la Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional, y todos los operadores de justicia, representados en la creación de la Ley 779.

Sin embargo, son principalmente los líderes católicos y evangélicos quienes han expresado su desacuerdo con esta normativa, que aún no cumple un año de vigencia.

“Mujeres vengativas”

En entrevista con El Nuevo Diario, monseñor Silvio Fonseca manifestó que los riesgos e injusticias que ahora está suscitando esta ley son “una muerte anunciada” para los hombres, porque ya se preveía que iban a existir mujeres “vengativas”, que usan el engaño para perjudicarlos, y cuando se descubra la mentira, la honra de un hombre ya estará manchada.

“Ahora una mujer que quiera vengarse de un hombre, se puede agarrar de cualquier piropo, como de hecho ya ha sucedido, por eso esta Ley está expuesta a la arbitrariedad”, dijo el prelado.

También expresó que desde su experiencia con los feligreses, ha sentido el “temor” de los hombres a ser perjudicados.

“Ahora los feligreses se cuidan incluso de expresiones, de miradas, se cuidan de cualquier cosa, porque si de la otra parte hay sentimientos de venganza, hay la forma de perjudicar con esta ley”, dijo.

Monseñor Fonseca también cuestiona el artículo 194 del Código de la Familia, que establece que las madres solteras podrán inscribir a su hijo o hija en el Registro Civil de las Personas con el apellido del hombre que supongan es el padre, pero se pregunta quién reparará el daño moral causado al hombre cuando resulte ser una calumnia.

“Si a un hombre se le quiere hacer un mal, basta solamente la palabra de la mujer”, agregó.

Por su parte, el pastor del Ministerio Centro Apostolar Cristiano, reverendo Augusto César Marenco, también ha dicho que el artículo 194 “pone las cosas difíciles para los hombres”.

Explicó que en el derecho se establece como una máxima que “nadie debe ser considerado culpable hasta que se le demuestre lo contrario”, y en ese sentido asegura que el mentado artículo “juzga al hombre antes de tiempo, antes de que se le demuestre su culpabilidad”.

Violencia no se resuelve con leyes

Pero, además, considera que este mandato legal no va a resolver el problema, al igual que la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres no ha resuelto la violencia intrafamiliar, porque “el problema es cultural”.

Tanto la Iglesia católica como el Ministerio Apostolar trabajaron con un equipo legal para estudiar la Ley 779, según afirmaron, por separado, monseñor Fonseca y el reverendo Marenco.

Promueven inconstitucionalidad de la Ley 779

El pasado martes, la magistrada Alba Luz Ramos, Presidenta de la CSJ, reveló que hay funcionarios de ese poder del Estado que “han estado incitando para que se promueva la inconstitucionalidad de la Ley 779”, y detalló que son “compañeros” miembros de la Sala Constitucional, quienes deben ser recusados porque ya se pronunciaron”.

Por su parte, Rafael Solís Cerda, Magistrado de la CSJ, afirmó que en dicha Sala de lo Constitucional están radicados cinco o seis recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 779.

El magistrado Solís confirmó que en esa Sala se han escuchado opiniones contrarias a la Ley 779, bajo el argumento de que roza con el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Entre los recurrentes contra la Ley 779 se cuentan iglesias evangélicas y asociaciones de hombres que defienden los derechos de estos, indicó el magistrado Rafael Solís.

 

“No es una cacería de brujas”

La presidenta de la Comisión de Mujer de la Asamblea Nacional, la diputada sandinista Martha Marina González, dijo que con la Ley 779 no se está haciendo una cacería de brujas contra los hombres, o que las cárceles se están llenando por esto.

“Al contrario, todavía hay impunidad, porque no se está sancionando a todos los hombres que violentan los derechos de las mujeres. No se está todavía aplicando con rigurosidad lo que establece la Ley”, dijo González.

Señaló también que cuando entró en vigencia dicha Ley, ningún magistrado ni juez mencionó que era una norma inconstitucional, y rechazó que la Ley tenga roce con artículos de la Constitución Política.

En tanto, el diputado sandinista José Figueroa opinó al respecto que todo ciudadano tiene el derecho constitucional de apelar contra cualquier iniciativa que considere que afecte sus derechos, pero será el Poder Judicial el que resolverá el dilema.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el también diputado sandinista René Núñez, manifestó que la Ley no contempla ninguna acción contra los hombres, sino “contra aquellos que ejercen violencia contra las mujeres”.

 

Trabajar en los valores de la familia

Mercedes Sequeira

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y Obispo de la Diócesis de Chontales y Río San Juan, monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, opinó que la Ley 779 tiene buenas intenciones, porque pretende evitar la actuación violenta contra la mujer en todos los ámbitos, sin embargo, consideró que las leyes no tienen un efecto 100% efectivo, sino que tiene un trabajo preventivo, y para culpabilizar a quienes están metidos en un acto delictivo contra la mujer.

“Está comprobado que la Ley en sí misma no tiene efectos curativos”, manifestó Sándigo.

“Creo que hay que hacer un trabajo preventivo en el cultivo y fortalecimiento de valores en la familia, en los niños, jóvenes, parejas. Creo que esos valores harán ineficaz a la ley, si por los valores se consigue que la gente actúe correctamente”, expresó monseñor Sándigo.

Por otra parte, aunque Sándigo reconoció que no han tenido acceso a conocer en detalle el Código de la Familia, manifestó que si este obliga a los padres a reconocer a sus hijos, podría crear un problema en la sociedad.

“Si fuese así, estamos metiendo a la sociedad en un problema grande, porque de querer garantizar el derecho del niño y de la mujer se puede ir al otro extremo, el derecho de la persona. Es verdad que ha habido mucha irresponsabilidad paterna de parte de los hombres, que tienen culpa en no reconocer a los hijos, en no apoyar a los hijos, pero creo que esto no nos debe llevar al otro extremo: inculpar a otra persona que no tiene nada que ver”, manifestó.

Dijo que se corre el riesgo de querer sacar provecho económico, o “por querer utilizar a un hombre se puede aprovechar de la ley”.

Sándigo exhortó al Poder Legislativo a dar a conocer a la sociedad y en especial a la Iglesia católica, el proyecto de ley del Código de la Familia para analizarlo y estar seguros de que no hay violaciones contra la familia.

 

Igualdad

“Si hay violencia hacia las mujeres no hay igualdad”, enfatizó la diputada Irma Dávila, Presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional