Miguel Carranza
  •   Managua, Nicaragua  |
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Las organizaciones que protegen los derechos de los consumidores en Nicaragua, junto a representantes del Gobierno y la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, participaron en un foro sobre el "Proyecto de Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios", iniciativa que reemplazará a la legislación que data desde 1994.

La nueva ley permitiría al Gobierno actuar en defensa de los consumidores y permitirá, también a los consumidores, actuar en función de su propia defensa, dijo el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano.

El ministro Solórzano dijo, además, que con esta ley se fortalecerá la participación no solamente de algunos órganos del Estado sino también de otras organizaciones que defienden los derechos de los consumidores.

Lo novedoso

Según Solórzano, se trata de “una ley más moderna, que se hace cargo de las trasformaciones que ha habido en el mundo en la parte del comercio y de la defensa del consumidor. Hay diferentes elementos que nos hacen tener esperanza de que vamos a tener las bases legales para mejorar la situación de los consumidores", consideró.

Asimismo adelantó que, además, contemplan que la Dirección de Defensa del Consumidor pase a ser una Dirección General del Mific, “para que con más capacidades actúe administrativamente en favor de los consumidores”.

Se velará por 32 derechos de los consumidores

Marvin Pomares, director del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores, Indec, reconoció la fortaleza de la iniciativa de ley que contempla velar por 32 derechos de los consumidores, superior a la anterior ley que solo vigilaba 11 derechos.

Por su parte el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, aplaudió la iniciativa, pues considera que se adapta a las necesidades actuales.

 

No más "No nos hacemos responsables”

Con la implementación del proyecto de Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, los establecimientos comerciales que aclaran en carteles a sus clientes: que no son responsables por daños o robos en sus parqueos, ya no seguirán autoexonerándose del perjuicio que los clientes puedan sufrir.

En la nueva ley se propone poner fin a esa situación, y más bien se obliga a los establecimientos a disponer de seguridad y cámaras en sus parqueos.

También con la ley se superarían aspectos como la “propina voluntaria” que se les exige a los consumidores cuando van a un establecimiento.

En el borrador de la ley se contempla incluir la prohibición de la propina voluntaria, la cual ya estaba estipulada en la anterior ley de 1994.