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El asesor presidencial para Asuntos Económicos, Bayardo Arce, aclaró este jueves que si el Instituto de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, no da lugar al recurso de revisión contra el acuerdo administrativo 005-2013, que otorga facultades al ente regulador para aprobar cargos de gerentes generales, de informática y de seguridad de las operadoras de telecomunicaciones del país, “los perjudicados podrían apelar a la autoridad superior, en este caso el presidente de la República”, Daniel Ortega.

“Si hay actos de ley que consideramos inapropiados tenemos que seguir el procedimiento de ley para cambiarlo”, dijo el alto funcionario, refiriéndose a la inconformidad que hay entre las operadoras de telecomunicaciones, el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua, Cosep, y los partidos de oposición, respecto al acuerdo 005-2013 publicado a finales de marzo en La Gaceta.

Arce manifestó que el primer paso es introducir un recurso de revisión administrativo en los tribunales correspondientes, o bien cabe la posibilidad de recurrir ante el mismo funcionario para exponer el perjuicio.

Si no les resuelve, lo que sigue --explicó Arce-- es avocarse a la instancia superior del funcionario, para expresarle: “Mire, este funcionario hizo algo que yo considero inadecuado y no lo quiere cambiar”, precisó el asesor presidencial.

Seguimiento al caso

“La empresa privada está en todo su derecho de manifestar su inconformidad ante este recurso”, señaló también Arce, y aseguró que a través de una Comisión de Seguimiento estarán atentos de lo que pueda ocurrir en los próximos 20 días, plazo en que Telcor podría pronunciarse sobre la demanda planteada por los empresarios y por las operadoras de telecomunicaciones.

El alto funcionario de la Presidencia añadió que no es denunciando ni haciendo debates políticos que se va a cambiar el decreto 005-2013, ya que el recurso de revisión es la medida correcta.

Cosep espera resultados

Por su parte, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que la empresa privada está haciendo lo que le corresponde jurídicamente para que se anule el acuerdo emitido por Telcor, y evitó opinar sobre lo que hacen los partidos políticos en la Asamblea Nacional.

“Hoy (jueves) en el transcurso del día va a haber más recursos (contra el decreto 005-2013), así que en ese sentido nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde conforme al procedimiento que la ley nos dice”, comentó.

Explicó que si a su recurso de revisión, el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo, “decide no darle paso”, presentarían la apelación ante el presidente Ortega.

Así mismo, expuso que una respuesta negativa del Presidente “obligaría al sector privado a tener que ir por la vía judicial, y entrar en los recursos de amparo y de constitucionalidad”.

Aguerri añadió que en el recurso de apelación, el Cosep solicitó que se revise la disposición 005-2013, y que se suspenda su acción para que se permita buscar una solución entre las partes involucradas.

 

PLI pide interpretación la Ley

Sobre este mismo asunto, la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, del Partido Liberal Independiente, PLI, introdujo en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, un escrito de interpretación de la Ley 200 --Ley de las Telecomunicaciones y de la Ley Orgánica de Telcor--, para que el Poder Legislativo se pronuncie sobre lo que ellos consideran una invasión a los roles de la empresa privada por parte del Estado nicaragüense, a través del decreto 005-2103.

“La Bancada Democrática lo que quiere es que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre los alcances, en primer lugar, de lo que es la Ley de Telecomunicaciones, Ley 200… porque nosotros tenemos que salir en defensa de la doble intencionalidad que hay en la disposición”, dijo el diputado Carlos Langrand, de la Bancada del PLI en el Poder Legislativo.