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La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, sigue siendo objeto de polémica entre los sectores religiosos. Esta vez el presidente de la organización evangélica Asambleas de Dios, Saturnino Cerrato, junto a varios abogados, cuestionó este reglamento jurídico por considerar que “destruye el matrimonio y la familia, al no permitir la mediación en delitos de orden leve”.

El reverendo Cerrato leyó en conferencia de prensa un pronunciamiento, donde se anuncia la iniciativa de impulsar una reforma “parcial y urgente” a dicha ley, demandando “explícitamente la mediación en los casos que no tengan que ver con crímenes o violación comprobada”, y también se demanda “que cada caso sea investigado debidamente, previo a tomar las medidas precautelares y cautelares”, además, de “que prevalezca el derecho de la inocencia hasta que se compruebe el delito”.

Decisión de los hijos

Se solicitará también la oportunidad de mediación en el caso tipificado como “violencia patrimonial”, y la eliminación del artículo donde dice que el “presunto agresor no puede acercarse a sus hijos”, según expresó Wendy Puerto, quien explicó que “la decisión de no ver a sus padres la tienen los hijos, no el Estado ni ninguna ley”.

Marlon Loáisiga, abogado litigante, quien el pasado 21 de julio introdujo un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley 779, fue más crítico en sus expresiones.

“Esta es una ley mesandría, que significa venganza contra los hombres, odia a los hombres, y el contenido mismo de la ley genera eso, lo cual no puede ser, porque el Código Penal establece sanciones a conductas, no a personas”, manifestó.

Todo en el Código Penal

Una de las principales demandas de Loáisiga, junto al resto de abogados, es que exista la mediación en los casos de “orden leve”, y ese sentido explicó que este es un término contemplado en el Código Procesal Penal bajo el “principio de oportunidad”, para los delitos de orden menor.

También considera incorrecto que la ley contemple como “violencia económica” la falta de pensión alimenticia, y señaló que tampoco en este caso se contempla la mediación. “¿Y cómo va a hacer el hombre para mantener a sus hijos si está preso?”, se preguntó Loáisiga.

Recordó que la pensión alimenticia ya está contemplada en el Código Penal y allí sí se refieren a la mediación, en ese sentido, considera que más bien se debió ampliar el CP. También recomendó crear una oficina que controle y dé seguimiento a las mediaciones.

Roberto Rojas, también abogado, manifestó que cuando se demanda la mediación como método para resolver los problemas de una pareja, “no se está diciendo que haya impunidad frente a un delito”, explicando que el Código Penal establece qué hacer.

“La mediación es simplemente un recurso que existe para abrir una probabilidad de arreglo entre la pareja, la intención no es que la persona que cometió el delito quede al margen de la ley”, dijo Rojas, agregando que la mediación procura la resolución de los problemas de la pareja.