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La confidencialidad, la autonomía funcional y operativa, así como la capacidad de recibir, analizar y transmitir información a sus contrapartes en Nicaragua y el mundo, son claves para la eficacia de una Unidad de Análisis Financiero, UAF, conformada en la mayoría de países para la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Otro requisito indispensable es que no se supediten a motivaciones políticas, indicaron durante una ponencia en Managua, los especialistas guatemaltecos Ricardo Vélez y Willie Zapata, este último superintendente de bancos de su país.

Las Unidades de Inteligencia Financiera adscrita al Grupo Egmont, un consorcio internacional que las aglutina, se dedican a analizar actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en los sistemas financieros. Otra de las actividades que vigilan son transacciones par la adquisión de armas de destrucción masiva.

Se mantiene sigilo

Entre los actores bajo estudio se encuentran la banca privada, los casinos, las casas de cambio, firmas de abogado y contadores, entre otros. En algunos países estas unidades tienen funciones policiales y judiciales. En Nicaragua, en el proyecto de ley que se discute en el parlamento, serán únicamente una unidad administrativa de análisis con autonomía funcional pero adscrita al Ministerio de Hacienda. Sus directores serán elegidos por la Asamblea Nacional de ternas propuestas por el presidente de la República.

Los expertos expresaron que es importante que la UAF resguarde con la adecuada confidencialidad la información que procesa, que la sepa compartir a nivel nacional e internacionalmente y que su equipo tenga voluntad de hacer cumplir la ley y cumplir con su trabajo. “Se levanta el secreto a un nivel muy especializado, muy cerrado, donde siempre se salvaguarda la información”, dijo Vélez.
También advirtió que Nicaragua se vuelve vulnerable al lavado de dinero si no echa a andar esta unidad de análisis que sí existe en otros países.