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El Estado de Emergencia Económica decretado por el Presidente Daniel Ortega dejaría de ser necesario si Tropigás de Nicaragua S.A. abandona su actitud de “chantaje” y se compromete a abastecer de gas licuado a la población, además de someterse a la supervisión de una comisión interinstitucional que verificaría que cumplan con el peso exacto, la mezcla correcta del líquido y con los inventarios necesarios de acuerdo con la ley.

El diputado del Frente Sandinista Wálmaro Gutiérrez se mostró anuente a suspender la intervención de Tropigás si hoy los representantes de esta empresa asumen esos compromisos. Asimismo, el primer secretario de la Asamblea Nacional, AN, y diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro, y el diputado liberal Carlos Langrand, coincidieron con Gutiérrez en no respaldar la no ratificación del decreto si hay un compromiso de los empresarios.

“Lo importante es mandar un mensaje claro para las empresas que ofrecen servicios públicos que no pueden jugar con el hambre del pueblo, los costos deben estar apegados a la realidad y no al agiotismo”, enfatizó Langrand, quien agregó que la noticia de la intervención a nivel internacional se maneja como una confiscación de Ortega, lo que le da una imagen al país.


Cuidado con terceros intereses
La diputada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Mónica Baltodano, advirtió sobre la posibilidad de “intereses ocultos” del gobierno para favorecer a otras empresas comercializadoras y distribuidoras de gas licuado.

Langrand coincidió con Baltodano al decir que recientemente funcionarios del gobierno de turno, en plena campaña electoral, anunciaron la entrega de 50 mil cilindros de gas, cuando se sabe que la empresa gasera estatal, Petrogás, únicamente ocupa el siete por ciento del mercado nacional.

El diputado del PLC, Carlos Gadea, despotricó contra la medida del Ejecutivo, advirtiendo que el decreto es “un ensayo de Ortega” para futuras medidas con el objetivo de suspender garantías y derechos constitucionales. Sin embargo, sus correligionarios, Wilfredo Navarro, y el titular del INE, David Castillo, defendieron el decreto y la intervención de la Tropigás “como única medida” para evitar el desabastecimiento.

Castillo recordó que en 2006 y 2007, Tropigás provocó desabastecimiento de gas en el país. “Había una actitud de fuerza de la empresa contra el Estado por conseguir beneficios económicos en detrimento de los consumidores y el Estado actuó correctamente ante la actitud de la empresa”, reiteró Castillo una y otra vez.

Durante su exposición ante el Plenario, el titular del INE reveló que según datos actualizados del ente regulador, Tropigás abastece el 60 por ciento de la demanda; Esso Gas el 14 por ciento; Zeta Gas también un 14 por ciento y Petrogás el siete por ciento.

Añadió que la demanda nacional anual es de unos 5.7 millones de cilindros de gas de 25 libras, de los cuales Tropigás abastece 3.5 millones cada año, lo que significa que abastece a unos 300 mil consumidores, y pese a eso, más de un 50 por ciento de sus cilindros han salido fuera de peso, según las inspecciones del INE, además que han sido la única empresa que se niega a instalar hidrómetros para medir la calidad del producto.