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El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, recordó ayer que es ilegal que se esté utilizando propaganda político partidaria en las instituciones del Estado, pues en éstas deben prevalecer los símbolos nacionales.

“Es ilegal. Estoy de acuerdo, si se utilizan recursos del Estado para fines políticos o en instituciones, sean cuales sean, se utilizan símbolos de propaganda política está prohibido por la ley”, afirmó el vicemandatario.

“No es una opinión mía”, dijo seguidamente. “Está claro en la ley”.

Para Morales Carazo los símbolos patrios –bandera nacional y el escudo- deben estar muy por encima de “cualquier símbolo partidista, aunque sea muy respetable y querido”.


Instituciones saturadas
El partido FSLN mantiene, en instituciones como Telcor, Minsa, INSS, Ministerio de Cultura, entre otras, propaganda política instando a los trabajadores de dichas instituciones a votar por su candidato, Alexis Argüello.

Algunos representantes del Movimiento Vamos con Eduardo anunciaron a inicios de semana que ayer mismo introducirían una denuncia formal ante el Consejo Supremo Electoral, CSE, pero no lo hicieron.

“La bandera nacional está arriba de todas y en actos y edificios públicos es la única que debe estar, en mi opinión personal, y creo que así dice la ley”, reiteró el vicemandatario.


Piden retiro de propaganda
El presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, desconoce cualquier comunicación oficial al Frente Sandinista, institución del Estado u otro partido político para que retiren la propaganda de las entidades públicas, sin embargo, no descartó la posibilidad de que la Dirección de Atención a Partidos Políticos lo haya hecho.

“Yo hice un llamado general a todos los partidos políticos para que retiraran su propaganda de cualquier institución, desconozco si existe una carta al respecto; pero a lo mejor lo hizo la Dirección de Partidos Políticos”, señaló.

Consultado al respecto, el director de esa instancia del Poder Electoral, Julio Acuña, dijo que no le corresponde enviar ninguna comunicación en ese sentido, pues “ésa es una labor de la Fiscalía Electoral porque, en todo caso, se trata de un delito electoral”.