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Elecciones, hackers, servidores web y ley sin aprobar. Cuatro tonos de un mismo tenor, que pretenden llamar la atención acerca de un grave problema: Nicaragua no tiene una legislación adecuada que castigue los delitos informáticos por tanto los delincuentes quedan impunes.

El diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la AN, contradijo el miércoles de esta semana a especialistas en informática que apoyan la creación de una Ley contra Delitos Informáticos.

“Dan muchas vueltas y todos esos delitos se podrían conglobar en uno solo, así que no tenía sentido crear una ley paralela y con la doble penalización”.

Sin embargo, el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Sergio Cuarezma, asegura que “si la ley no dice expresamente en qué forma se comete el delito, no se puede enviar a nadie (hacker o no) preso”.

Por su parte, Cornelio Hopmann, especialista en informática, señaló en un correo enviado al foro de Gobierno Electrónico del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt), que en Nicaragua “nadie debe sorprenderse si, tal como funciona la aplicación selectiva de la justicia, más el cero conocimiento técnico de jueces y abogados, éste conjunto de nuevos delitos se aplica según conveniencia coyuntural”.

Para Hopmann, en el nuevo código han entrado en vigencia una serie de artículos sobre delitos informáticos “muy mal redactados, posiblemente por la traducción del original en inglés, que ponen a usuarios, tanto individuales como corporativos, a un paso de la cárcel”.


Interpretación de la ley
Por ejemplo, en el título tercero del Código Penal referido a delitos cometidos contra la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, artículo 197, dice: “El que sin autorización de ley promueva, facilite, autorice, financie, cree o comercialice un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar a las personas naturales o jurídicas, será penado con prisión de dos a cuatro años y de trescientos a quinientos días multa”.

Sin embargo, a criterio del especialista, estos artículos quedan ambiguos al referirse a delitos informáticos y hackers de un solo tiro, porque el mismo podría aplicársele a otros involucrados.

Como es el caso del “hackeo” a la página web del Consejo Supremo Electoral, CSE, donde los administradores podrían ser acusados de no proteger debidamente los datos de los ciudadanos en el servidor que maneja el padrón electoral de consulta.


El padrón a cien córdobas
En este ejemplo, podría interpretarse que tanto la empresa como la instancia gubernamental “promovieron o facilitaron” a los “hackers” la creación o comercialización de un banco de datos o un registro informático con el padrón electoral.

Esto último, porque según se dice en algunos foros de la comunidad que usa y promueve el software libre, autodenominados GUL-Nic, en el Mercado Oriental es posible “comprar por cien córdobas el padrón electoral u obtenerlo, a través de conocidos en el Consejo Supremo Electoral, CSE, por un pago similar”.

Y eso para esta comunidad, dicho sea de paso, “no es ninguna noticia”.

Y ya que en el artículo 198 se lee: “Quien, sin la debida autorización, utilice los registros informáticos de otro o ingrese, por cualquier medio, a su banco de datos o archivos electrónicos (…)”, cualquiera que utilice ese medio de verificación electoral, para buscar datos de otras personas, podría ser acusado de delincuente.

Pero el diputado Pallais opina que una ley de delitos informáticos “tiende a crear una confusión jurídica”. Y esa es la razón por la que decidieron incluir los delitos informáticos en el Código Penal.


Preocupación legítima
Por su parte, uno de los ciberlectores de este rotativo, quien se identificó como Luis Genet, presentó una larga clasificación de delitos informáticos que no aparecen de manera expresa en el Código Penal.

Entre esos, según la actividad informática están: El sabotaje informático, el fraude a través de computadoras, estafas electrónicas, rastreo u “olfateo” de claves secretas, estratagemas, juegos de azar y el blanqueo de dinero.

Asimismo, la copia ilegal de software y espionaje informático, infracción del Copyright de bases de datos, uso ilegítimo de sistemas informáticos ajenos, acceso no autorizado, delitos informáticos contra la privacidad e interceptación de e-mail, por mencionar sólo los más comunes. El Código Penal sólo castiga seis y se lleva a moros y cristianos juntos.

Jorge Dávila, un programador y miembro de la comunidad de SL de Ubuntu, mostró su preocupación por la inexactitud de la ley. “He leído los artículos del nuevo Código Penal y puedo decir que es bastante duro ahora el trabajo para los informáticos, porque en muchos de los ambientes (plataformas de software), no existe la adecuada infraestructura física ni los adecuados procedimientos informáticos para prevenir que alguien borre datos de los discos duros, sin que el profesional sufra las responsabilidades”.

No obstante, el diputado Pallais habla de futuras reformas en el Código Penal “considerando que la tecnología avanza cada día y por ende los delitos se van diversificando”.