Jorge Eduardo Arellano
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La corrupción sigue siendo un mal latente en los países Centroamericanos, según el último informe de Estado de la Región que reveló fallas en casi todos los países de la zona, debido a la inexistencia de procedimientos transparentes, requisitos técnicos y de experiencias en el nombramiento de los jefes de las instituciones de control; además de problemas en la etapa de sanción de los actos de corrupción.

El informe indica que “hay limitaciones de recursos financieros y humanos en el aparato estatal encargado de supervisar la gestión pública; en las procuradurías o fiscalías anticorrupción del istmo”.

También detalla que el principal cuello de botella se presenta en la etapa de sanción, “pues prácticamente toda la capacidad sancionatoria se concentra en la justicia penal, con las características de lentitud y legalismo que ello significa”, explicó la coordinadora del Informe, Evelyn Villarreal, en un comunicado emitido por esta organización.


Fundamental: La autonomía
Más que las limitaciones financieras hay problemas estructurales de gran importancia “que violentan la autonomía” de las instituciones encargadas de velar por la transparencia con respecto a los sujetos que deben fiscalizar, prosigue Villarreal.

Uno de esos problemas está en la escogencia de los funcionarios que dirigen los órganos de control. “Incluso, tres de las cortes de cuentas o contralorías de la región han tenido serias acusaciones de corrupción”, señala el informe.

“Estos hechos son ilustrativos de un problema de fondo ¿Quién fiscaliza a los contralores? Sugerimos involucrar más a los Ombudsman para que actúen como fiscalizadores de los órganos contralores”, explicó Villarreal.

A estos le agrega algunas “lagunas jurídicas como la falta de marcos legales para la protección de testigos de actos de corrupción”.


Clave: los periodistas
El informe hace especial énfasis en el papel de los periodistas “frente al sinnúmero de trabas institucionales” y como generadores de debate público.

“Entre los avances más significativos en Centroamérica están las múltiples experiencias de auditoría social en todos los niveles de gobierno, solicitud de rendición de cuentas a las autoridades, participación en la elaboración de planes y presupuestos públicos y ventanillas de recepción de denuncias”, contiene parte del informe.

El estudio es una iniciativa del Estado de la Nación, programa académico promovido por las universidades estatales reunidas en el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes de la República, de Costa Rica.