•   San Salvador  |
  •  |
  •  |
  • ACAN EFE

El Salvador es el país que más gasto público destina a seguridad ciudadana y justicia en la región centroamericana, señaló ayer un informe del Banco Mundial (BM).

“El Salvador es el país de la región que asigna la mayor cuota de su presupuesto (15% en 2010) al sector Seguridad y Justicia (comparado con la media de 8,2% en la región)”, apunta el “Estudio institucional y sobre gasto público en seguridad y justicia en El Salvador”, elaborado por el BM.

En este país, “si bien el gasto (público) total es bajo, los recursos asignados al sector Seguridad y Justicia son relativamente altos comparados con el resto de América Central”, agrega.

En 2011 El Salvador “dedicó 2,8% del PIB (Producto Interno Bruto) a gasto en Seguridad y Justicia”, mientras que en 2010 fue el 2,4%, detalló un comunicado del banco.

“En ese mismo año (2010), Costa Rica, Nicaragua y Panamá dedicaron 2,3% cada uno, Honduras invirtió 2% y Guatemala, 1,7%”, agregó el boletín, que no precisó datos de 2011 de esos otros países.

Gastos operativos

Según el estudio realizado entre junio de 2011 y marzo de 2012, “la vigilancia y patrullaje policial es el principal destino del gasto en seguridad” del Gobierno salvadoreño.

“Durante 2011 casi el 45 por ciento del gasto en seguridad se dedicó a esta tarea”, añade.

En el otro extremo, para la ejecución de sentencias, encarcelamiento y rehabilitación solo se invirtió un 6,9% y para la prevención del delito un 3%.

Además, indica que “en general” en El Salvador “hay poca coordinación y complementariedad entre las diversas instituciones que realizan acciones en materia de seguridad ciudadana tanto en el lado preventivo como en el resto de tareas del sector”.

La falta de coordinación entre la instituciones de justicia y seguridad puede favorecer “los elevados niveles de impunidad” en el país, ya que menos de un 12% de los delitos resulta en condenas, destaca el boletín.

El estudio también señala que el país no tiene “estadísticas fiables y comparables” para medir la eficiencia del gasto en seguridad.

“El Salvador no cuenta con un sistema unificado de estadísticas de delitos que integre las denuncias y detenciones realizadas por la PNC (Policía Nacional Civil) y las denuncias de los ciudadanos a la FGR (Fiscalía General de la República)”, detalla el documento.