Rafael Lara
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, y Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el incumplimiento del Estado de Nicaragua de la sentencia emitida por ese tribunal internacional en el caso de Yatama.

Las organizaciones de derechos humanos hicieron la denuncia en una audiencia privada de cumplimiento de sentencia, durante el 99 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, en San José, Costa Rica. Según las organizaciones demandantes, el Estado nicaragüense no cumplió con las medidas de reparación respecto de la sentencia emitida el 23 de junio de 2005 en el caso de Yatama Vs. Nicaragua.

Dicha sentencia declaró la responsabilidad del Estado sobre las violaciones a los derechos políticos, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial efectiva de los candidatos de la agrupación política indígena Yatama, quienes fueron excluidos arbitrariamente de participar en las elecciones municipales del 5 de noviembre del año 2000 en la Región Autónoma Atlántico Norte y en la Región Autónoma Atlántico Sur en Nicaragua.

Dichas elecciones se llevaron a cabo bajo la vigencia de la Ley Electoral No. 331 del año 2000.

La sentencia ordenó medidas para evitar que los hechos ocurridos a Yatama se repitieran, entre estas, ordenó importantes reformas a la legislación electoral en Nicaragua. No obstante, ocho años después, estas reformas no se han realizado y se continúa aplicando legislación declarada contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sergio Pacheco, divulgador de Cejil, indicó -vía correo electrónico- que a la audiencia estuvieron citados las y los representantes legales de Yatama, en este caso Cejil y el abogado Norwin Solano del Cenidh. Otro citado fue un representante del Estado nicaragüense, del cual no logramos obtener el nombre.

Pacheco mencionó que la valoración de la Corte Interamericana no es inmediata. Luego de un tiempo prudencial, los jueces emitirán criterio respecto a los argumentos presentados y solicitarán lo que consideren prudente respecto a lo escuchado de las partes.