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Los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, cuestionaron la iniciativa de ley sobre la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, que adelanta una idea de la posición que tomarán este viernes en la sesión especial de la Asamblea Nacional, donde se presentará oficialmente este proyecto gubernamental.

La iniciativa se trata de un megaproyecto de infraestructura que prevé una inversión de unos 40.000 millones de dólares, para construir un oleoducto que conecte espacios en los litorales del Pacífico y del Atlántico; la construcción de dos puertos de aguas profundas en el Pacífico y en el Caribe, unidos por un canal seco donde circulará un ferrocarril; además del establecimiento de dos zonas de libre comercio y de un aeropuerto internacional en cada una de esas zonas.

Muy poco tiempo

El diputado Eliseo Núñez Morales, miembro de la BDN, señaló que en dos o tres días es “absurdo someter a consulta un proyecto de 40 millones de dólares, además, no ve que dentro de 100 años el presidente Daniel Ortega va a seguir gobernando”, que es el plazo de construcción total.

“Estamos hablando de que un proyecto de este tamaño, con estas implicaciones, están queriendo llevarlo a comisión y consulta mañana viernes en la tarde (hoy) y piensan dictaminar el fin de semana y que se firme el lunes”, argumentó ayer jueves Núñez Morales.

Asimismo, el diputado señaló que el contrato de la iniciativa presenta cláusulas que permite vender los sub-proyectos de la construcción –como son por separado el aeropuerto, el canal seco, el ferrocarril, el oleoducto, los puertos individualmente cada uno–, lo que implica que los concesionarios de cada una de estos sub-proyectos pueden venderlos si no lo pudiera realizar.

“El canal húmedo, que sería el corazón de esto, al ser considerado un subproyecto puede ser vendido, trasladado o subrogado a un tercero”, explicó Núñez.

Hay que reformar iniciativa

Por su parte, el diputado Pedro Joaquín Chamorro criticó que la propuesta de concesión se contradice con el espíritu de la ley creadora del Gran Canal de Nicaragua –la cual recientemente fue aprobada por la Asamblea Nacional–, en la que claramente se establece que el 49% de la participación del canal le corresponde a los inversionistas y 51% a Nicaragua.

Sin embargo, Chamorro explicó que tal como está la propuesta, el 100% le correspondería a los inversionistas debido a las concesiones que se ofrecen y porque se establece un incremento de los beneficios a largo plazo. “Es decir, que Nicaragua no estaría percibiendo lo que le corresponde de acuerdo a la ley de régimen jurídico del canal y por cuanto habría que reformar esa ley y cambiar ese porcentaje, habría que hacer una reforma total”, agregó Chamorro.