Jorge Eduardo Arellano
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Centroamérica sólo dejó de estar cuatro puntos porcentuales menos pobre en los últimos dos años. Las cifras son escalofriantes: diez millones de personas en esta parte del mundo no tienen ningún acceso a la salud, según el Informe de Estado de la Región que será presentado esta tarde y que recomienda a los Estados enfrentar tres grandes desafíos, entre ellos el de la seguridad ciudadana.

“Le pusimos atención al tema de la región centroamericana y en cómo superarnos como conjunto”, explica el coordinador del Informe, Miguel Gutiérrez Saxe, quien considera que en determinados aspectos la región ha avanzado, entre ellos en la forma como insertarse en el mundo.

Según Gutiérrez, lo más novedoso del Informe de Estado de la Región es que incluye dos capítulos sobre los escenarios y los tres principales desafíos de los países centroamericanos.

Entre los desafíos está la elaboración de políticas para enfrentar los precios de los combustibles y de los hidrocarburos. Además de mejorar la seguridad ciudadana, tomando en cuenta los problemas con el narcotráfico y las maras. “Cada país por sí solo debe enfrentar esos desafíos”, señala el coordinador del informe.

Una óptica regional
“El informe trata de responder desde una óptica regional. Hay países que logran progresos en algún sentido y otros en otro”, prosigue Gutiérrez, quien explica que todo el informe tiene el sentido de conjunto, pues no quisieron “calificar a los países”.

“En la región hay limitaciones de recursos financieros y humanos en el aparato estatal encargado de supervisar la gestión pública; en las procuradurías o fiscalías anticorrupción del istmo”, se lee en el informe, que involucró a 65 investigadores.

Pero no todo es negativo, pues expresa Gutiérrez que los países lograron mejorar su nivel de producción y han progresado en la esperanza de vida. A pesar de eso, el 41 por ciento de la población de la zona sigue trabajando en condiciones precarias.

El estudio es una iniciativa del Estado de la Nación, programa académico promovido por las universidades estatales reunidas en el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes de la República, de Costa Rica.

Su realización duró dos años y fue financiado, entre otros organismos, por la cooperación danesa a través de su Programa de Apoyo a los Derechos Humanos en Centroamérica, conjuntamente con un amplio y diverso consorcio de instituciones y organizaciones regionales e internacionales, entre ellas: el Instituto para el Desarrollo Local en Centroamérica (Idelca) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS).