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  • END / Canal 11

“Negociar propiedades a precio catastral y no al precio de libre mercado”, cuando el gobierno requiera de la utilización de terrenos privados para la ejecución de proyectos habitacionales de carácter social, es la principal propuesta que hizo ayer el presidente de la República, Daniel Ortega, ante los miembros de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional.

Al encuentro también asistieron representantes de la Cámara de la Construcción y del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, preocupados por la posibilidad de que la denominada Ley de Vivienda Digna impulsada por el gobierno tuviese aspectos de tipo confiscatorios.

Aclarada esa situación, Ortega dijo que los principales obstáculos que enfrenta la legislación –-sobre todo los proyectos habitacionales-- son la “especulación y la usura” con las propiedades. Según el mandatario, basta con que los dueños de terrenos rurales o urbanos se enteren de la ejecución de obras de este tipo para incrementar exorbitantemente el precio de los terrenos.

Precio catastral
En este contexto, el Presidente de la República dijo que lo mejor sería “negociar los terrenos” a precio catastral y no a precio del libre mercado”.

A juicio de Ortega, “vía mercado, el problema de la vivienda no tendrá solución, porque por esa vía se especula con la propiedad y se elevan los precios”.

“Lo primero que hay que contestarse es si la vivienda es un negocio o una necesidad”, señaló el mandatario.

Para Ortega, estos aspectos deberían contemplarse en el dictamen de la ley que presenten los miembros de la Comisión de Infraestructura.

El presidente de la Comisión Legislativa, Eliseo Núñez Hernández, se comprometió a presentar un dictamen final la próxima semana, aunque ninguno de los diputados asistentes al encuentro se comprometió a aprobar la ley antes de que concluya el año.

Aspectos técnicos
Entre otros aspectos técnicos que contiene el predictamen está el de disminuir la prima de las casa financiadas a través del sistema financiero nacional del 20 al cinco por ciento del valor total de la vivienda, disminuir al máximo los intereses o incluso desaparecerlos a través de un subsidio total como en Panamá, e incrementar los plazos de pago de 15 a 25 años.