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El gobierno de Costa Rica, por las vías diplomáticas, pretende que Nicaragua le consulte sobre la ruta y los efectos de un futuro canal interoceánico por el territorio nacional, sin embargo, el ambientalista Kamilo Lara valora que las autoridades del país vecino, “no tienen (autoridad) moral”, ya que desde el territorio vecino se contamina el río San Juan.

Nicaragua y Costa Rica comparten una bicuenca nacional ubicada en la zona del río San Juan, donde el 60% pertenece al territorio nicaragüense y el 40% es costarricense. En ese sentido, Lara explica que el vecino país contamina el río San Juan de diferentes formas y más aún con la construcción paralela de la carretera denominada “Ruta 1856”, así que considera amoral que Costa Rica se queje o pida explicaciones de un proyecto que el Gobierno nicaragüense ni siquiera ha iniciado.

Demandan documentación sobre el canal

En un comunicado enviado por la Cancillería de Costa Rica el pasado 6 de junio, el Gobierno de Laura Chinchilla expresa que “Nicaragua no puede pretender realizar un canal interoceánico sin antes pedir y oír el criterio de Costa Rica, y en el caso, como en el presente, donde puedan afectarse derechos de Costa Rica, la opinión de Costa Rica es vinculante”.

También, el vicecanciller costarricense, Carlos Roverssi, envió una nota diplomática al Gobierno nicaragüense, en la que solicita “toda la documentación relacionada con la posible construcción del referido canal”.

“Dicha documentación debe incluir los estudios respectivos, el marco jurídico y la ruta del canal, al igual que la estimación de las afectaciones al caudal del río San Juan, su navegabilidad, las afectaciones al río Colorado y a la ribera derecha costarricense del río San Juan”, indicó Roverssi.

Brutal contaminación

Por su parte, Kamilo Lara –en entrevista para El Nuevo Diario-- insistió en que actualmente Costa Rica causa contaminación en el río San Juan de Nicaragua, no solo con la construcción de la carretera 1856. Explicó que el 40% del territorio geográfico que pertenece a Costa Rica en la cuenta que comparte con Nicaragua, es prácticamente la cordillera central, donde predomina la agricultura, el ganado y otras actividades económicas que son lesivas para los suelos, debido a los insecticidas.

Sin embargo, el problema radica en que la cuenca costarricense tiene un plano inclinado, lo que implica que las lluvias en Costa Rica arrastran sedimento que van a parar al río San Juan, además del sedimento de los ríos costarricenses Sarapiquí y San Carlos, que también drena en el San Juan. “Estamos hablando de que por el río San Carlos salen alrededor de 700 toneladas de sedimentos diarios y por el río Sarapiquí 2,000 toneladas de sedimento”, dijo el ambientalista.

Agregó que todo eso baja de la cuenta central, con una gran carga tóxica de plaguicidas que contaminan el río San Juan”, sin mencionar las afectaciones por la construcción de la carretera costarricense, lo cual, además está erosionando el suelo.

“El Gobierno costarricense debería de ver la basura que tiene en el ojo, para que vea que lo que tiene es una gran viga y no esté buscando la basurita en el ojo del vecino”, expresó Lara.

Aun así, el ambientalista acepta que el 60% nicaragüense de la cuenca también está provocando erosión por el manejo del suelo y por la falta de ordenamiento territorial.

El alegato de los costarricenses

Según el Gobierno costarricense, Nicaragua tiene derecho a realizar obras de infraestructura en su territorio, pero en lo referente al canal, “debe acatar lo dispuesto en el Tratado de Límites de 1858 y en el Laudo Cleveland de 1888”, acerca de consultar a Costa Rica sobre el proyecto.

Sobre la “Ruta 1856”, Costa Rica ha explicado que es un camino de lastre de 160 kilómetros que construye en su territorio bordeando el río San Juan, de la cual Nicaragua se ha quejado por los daños ambientales al afluente fronterizo.

Costa Rica afirma que construye ese camino como respuesta a la “invasión” de civiles y militares nicaragüenses a una porción de su territorio en octubre de 2010, donde, asegura, cortaron bosque y causaron daños a un humedal protegido por convenios internacionales.

Por esa situación, Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2010, y en diciembre de 2011 Managua hizo lo mismo contra su vecino por la construcción del camino.

CA tiene derecho a conocer detalles del canal

Julio Icaza Gallard, experto en Derecho Internacional, asegura que los efectos de una obra tan gigantesca como un Canal interoceánico se dejarían sentir en todo el istmo centroamericano, por lo que los países de la región, organizados en el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, tienen derecho a conocer en detalle los alcances de esta obra y sus posibles repercusiones, de manera particular en el hábitat de la región.

También recordó que debe tenerse en cuenta que el Tratado Cañas-Jerez y el Laudo Cleveland operan esencialmente bajo el supuesto de un canal interoceánico, ocupando las aguas del río San Juan. El Tratado de límites entre Nicaragua y Costa Rica de 1858, sin embargo, hace referencia al derecho de “libre acción de Nicaragua, para celebrar nuevas contratas con el objeto de canalizar el istmo”.

En el Laudo Cleveland, por otra parte, hay cláusulas que protegen a Costa Rica de los efectos dañinos que la construcción de un canal podría tener en su territorio o en la navegación del río San Juan y de cualquiera de sus brazos. También existen cláusulas que dan a Costa Rica un derecho de opinión, pero esta opinión tiene solamente un valor consultivo.

Construcción de trocha fue “crimen ecológico”

El costarricense Denis Mora Guzmán, licenciado en relaciones internacionales de la Universidad Internacional de las Américas y director del programa Horizontes, que se trasmite por ExperTV, afirmó a El Nuevo Diario que su país está claro del “crimen ecológico” causado en el río San Juan, por la construcción de la carretera denominada “Ruta 1856” y también reconoció que el proyecto se comenzó hacer de “emergencia” y sin estudios previos.

Mora explicó que esa ruta nació con la idea de darle suministros a la policía costarricense, desarrollar la zona e incluso se instaló electrificación en ese lugar que es el menos atendido por los dos países. Sin embargo, aceptó que uno de los errores fue que la construcción de la carretera se mandó hacer de “emergencia nacional”, porque Nicaragua se niega a permitirles navegar sobre el río y tenían que asegurar una vía de tránsito en esa ruta.

A manera de autocrítica, Mora también reconoció que una de las cosas que se ha criticado sobre este proyecto “es el hecho de que siendo Costa Rica un país que se vende como destino ecológico, haya construido en una zona súper vulnerable”, resultando en un daño ambiental.

Incluso mencionó que aunque han criticado a Nicaragua por dañar el río con el dragado, “Costa Rica lo ha dañado más con la construcción de la trocha por la falta de estudio”.

“Allí hubo un crimen ecológico y allí se afectó parte del río, porque al empezar a mover tierra, esa tierra estaba llegando al río del lado costarricense y también sedimento, eso obviamente nosotros lo reconocemos”, agregó.

Mora señaló que la obra se congeló porque surgieron anomalías y corrupción por realizarla de manera apresurada. Entre todas las instituciones se había reunido 25 mil millones de colones para la construcción de la carretera y se cree que se desvió aproximadamente la mitad de esa cantidad.