Ary Pantoja
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El decreto “ampliado” del Estado de Emergencia Económica mediante el cual el Poder Ejecutivo ratificó la intervención de la empresa Tropigás, ya está en la Primera Secretaría del Parlamento, y una fuente ligada a esa instancia señaló una incongruencia constitucional del decreto que haría peligrar la propiedad privada de la empresa en cuestión.

El artículo dos del decreto 55-2008 establece explícitamente los derechos y garantías constitucionales que se suspenden a las autoridades de la empresa mientras esté intervenida.

Una de esas garantías está contenida en el artículo 99 de la Constitución Política de la República -–suspenso en el Decreto 55-2008-, y se refiere a que “es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social”.


El riesgo
A juicio del jurista consultado, al quedar suspensa esta garantía, la propiedad privada sobre la empresa Tropigás estaría en riesgo.

Además, señaló que la suspensión de esta garantía se contradice con el derecho consignado en el artículo 44 de la misma Constitución --que quedó vigente en el decreto--, y que establece que “se garantiza el derecho de la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción”.

Tal como lo publicó EL NUEVO DIARIO, también quedan suspensos para las autoridades de la Tropigás lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 104 de la Constitución referido a la “garantía del pleno ejercicio de las actividades económicas, sin más limitaciones que, por motivos de interés social o de interés nacional, imponga la ley”. Además, se suspendió el derecho de amparo consignado en los artículos 45 y 188 de la Constitución.

El decreto ejecutivo debe ser ratificado por la Asamblea Nacional en las siguientes 72 horas a su recepción en la Primera Secretaría, sin embargo, la falta de aprobación en el Parlamento no impide su vigencia ni los efectos de la disposición, en este caso, la suspensión de los derechos y garantías, así como la intervención de la empresa.