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  • Tomado de El Tiempo de Bogotá

La intervención del presidente Juan Manuel Santos sobre cómo Colombia se defenderá ante las “ambiciones expansionistas de Nicaragua” tiene varias lecturas: el interés del gobierno en dilatar el caso y su intención de negociar con Nicaragua a través de sus fichas más acertadas --la Reserva Seaflower y la alianza con otros países--, y el afán del presidente por favorecer su imagen.

En diálogo con el tiempo.com, el presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, Carlos Arévalo, consideró que el discurso del jefe de Estado “busca un impacto en la opinión pública con su tono político, pero en el fondo no tiene ningún contenido jurídico”. En su criterio, “a nivel jurídico, el presidente habría dicho que desacataría el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y habría anunciado que la Armada colombiana se ubicaría en el Meridiano 82, lo que sería un escenario nefasto”.

Otros expertos aseguran que la intervención del mandatario busca dilatar el caso. Así lo analizó el politólogo Ricardo García. “El país busca aplazar la aplicabilidad de un fallo que no se puede desconocer ni desacatar. Que se ponga en práctica el tratado del que habla Santos exige acuerdos que durarían varios años. Sin duda, el gobierno busca sacar --a través de una negociación-- concesiones a Nicaragua para que la pérdida no sea tan grande. No sé si esa postura resulte efectiva”.

“Con el discurso de Santos, Colombia dice: ‘No me rebelo contra el fallo porque quedaría mal, pero lo hago inaplicable, que es una forma decente y disimulada para desacatarlo’”, agregó. No obstante, el analista advirtió sobre la “situación incómoda en la que se encuentra Santos al tener que tomar una decisión que hiere la sensibilidad de todo un país”.

Imagen en picada

“El presidente está sufriendo una caída bárbara en las encuestas y no le conviene desde el punto de vista político salir a decir que acatará el fallo. Su estrategia es mostrarse positivo ante la defensa de los intereses nacionales. Quiere conseguir un margen para pelear la reivindicación del país ante un fallo adverso que tiene debilidades como la afectación a terceros países”, añadió García.

“El planteamiento que hizo Santos este lunes debió realizarlo hace trece años el ex presidente Andrés Pastrana”, así lo consideró el internacionalista Carlos Salgar, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado.

“Tenemos que sentarnos a negociar con Nicaragua ese tratado de límites, pero sobre la base de la sentencia. Lo que no quiso hacer Pastrana”, reiteró el analista, quien aclaró que más allá de hablar de un “discurso nacionalista”, el tema siempre ha tenido ese tinte.

“Quienes hicieron el tema nacionalista fueron los que llamaron a desacatar el fallo. El país entero ha asumido el tema como un problema nacionalista y no como un caso jurídico e internacional. Aquí, a nadie le interesa conocer las normas internacionales, es la línea que han mantenido Santos y Uribe”.

“Cualquier decisión después del fallo tiene que tomarse en una negociación con la otra parte. El tratado bilateral es el camino”, opinó, por su parte Bernardo Vela, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado.

Vela consideró que el discurso de Santos “no pretende ir en contra del Derecho Internacional, ya que el país necesita adecuar el orden jurídico interno para poder cumplir el fallo”.

La “zona contigua integral”

En criterio de Salgar, “a la luz del Derecho Internacional, un decreto interno no tiene validez. Esa norma no se puede oponer a la sentencia de la CIJ”.

Con esa intención, opinó García, el presidente busca reivindicar por la vía política la posibilidad de que se renegocie la propiedad de Colombia sobre el conjunto de islas, la cual se contempla en la “vieja jurisprudencia” que no reconoció la CIJ. “Al no reconocer el enclavamiento de los islotes, Colombia desconoce el fallo sin decir que lo desconoce”, señaló.

Por su lado, Vela aseguró que el decreto que menciona el mandatario “es unilateral, y por esa razón, es un asunto complicado”.

Los alcances de la “carta de protesta”

“Junto con otros países vecinos de Nicaragua, que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas, como son Panamá, Costa Rica y Jamaica, suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes, personalmente, al secretario general de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York”, anunció el presidente Santos.

Al respecto, el politólogo García advirtió que una de las debilidades de la sentencia de la CIJ es que “la resolución del ligitio entre Colombia y Nicaragua terminó por afectar indirectamente a Honduras, Costa Rica y Jamaica”. En ese sentido, aclaró que Santos “aprovechó la falla del fallo para presionar una nueva situación con Nicaragua (…) Está bien pensada esa estrategia. Esos países quedaron inmersos en la incertidumbre”.

Por su parte, Arévalo, el presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, insistió en que el anuncio del mandatario en el que dice que se quejará ante el secretario de la ONU “busca generar un impacto en la opinión pública”. A su vez, explicó que aunque está bien buscar la “unión entre los países del Caribe”, no se vería con buenos ojos la creación de un “bloque común para quejarse de Nicaragua, eso no genera consecuencias jurídicas. Una negociación sí puede tener efectos jurídicos”.

 

Así podría reaccionar Nicaragua

El presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, Carlos Arévalo, recordó que la razón por la que el litigio llegó a la CIJ fue la inexistencia de un tratado de límites marítimos entre Colombia y Nicaragua.

En ese sentido, aclaró que aunque es “absolutamente viable ante la luz del Derecho Internacional que los dos países se pongan de acuerdo a través de un tratado (…) es contradictorio que el presidente hable de un tratado, y al mismo tiempo, tenga un lenguaje agresivo contra Nicaragua. No puede entrar a negociar atacando”. En su criterio, el discurso de este lunes “es un pésimo ejercicio diplomático”.

Según el profesor universitario, Nicaragua mantendrá la posición que ha manifestado desde el pasado mes de noviembre: el respeto al fallo. “Ese país sometería a Colombia ante las autoridades internacionales pertinentes para que se respete la sentencia, pero como parte ganadora, dejará las puertas abiertas a la negociación”.

Otro destino podría ser la demanda de Nicaragua ante la CIJ para la “prolongación de la plataforma continental subterránea”, añadió el analista García.

“En Nicaragua habrá discursos que pidan la aplicación del numeral dos del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, para que Nicaragua lleve a Colombia ante el Consejo de Seguridad. Otras voces más pausadas dirán que Santos quiere negociar y responder al llamado del presidente Daniel Ortega, sobre la creación de una comisión binacional”, agregó, por su parte, Salgar.

“Espero que Nicaragua entienda que lo fundamental del discurso es la pretensión de Colombia de cumplir el fallo a través de un tratado. Sin duda, no podemos pretender desconocer los fallos porque sencillamente no se puede”, opinó el docente Vela.

Finalmente, el profesor García recordó que aunque Colombia tiene derecho a interponer los recursos de aclaración y revisión del fallo ante la CIJ, hoy el país no tiene elementos fuertes para tomar esas decisiones. “Todavía no hay mucha claridad, si la hubiera, el presidente hubiera anunciado este lunes la instauración de dichos recursos”, concluyó.

 

La ficha de la conciliación

En opinión del internacionalista Ricardo García, la propuesta del presidente Santos sobre la Reserva Seaflower “podría encontrar eco en el Gobierno nicaragüense debido a que tiene que ver con la conservación positiva del medio ambiente en una zona expuesta a explotaciones económicas como la perforación de petróleo”. No obstante, aclaró que Nicaragua exigirá que se respete el fallo para conciliar sobre esta zona.

Este punto, en criterio de Carlos Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, también sería bien visto por la comunidad internacional.

Por su lado, el catedrático Carlos Salgar destacó que esta área ya cuenta con la protección de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). “Nicaragua está de acuerdo en que hay que proteger esa reserva”, apuntó.