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Unas treinta organismos de la sociedad civil, agrupados en la “Resistencia social de izquierda en defensa de la vida” criticaron al gobierno de Daniel Ortega por las “descalificaciones irresponsables, arrogantes y soberbias del ejecutivo, sobre todo por el sentido de crimen que quieren dar al derechos de conciencia, rebeldía, resistencia y lucha de los que conforman toda la articulación social”. También denuncian lo que denominan persecución estatal contra las mujeres.

Los representantes de los organismos legalmente constituidas bajos las leyes del país, se sienten agredidas, amenazadas y en peligro porque ven diesmados sus derechos a una organización y participación libre, autónoma y en igualdad de derechos.

También demandaron que el Presidente Daniel Ortega cumpla con su promesa electoral sobre declarar la energía eléctrica como una responsabilidad de El Estado, ejecutando la resolución de la Fiscalía General de la República en relación a la cancelación de conseción a la trasnacional Unión Fenosa.

Reinstaurar el aborto terapéutico

El grupo “Resistencia social de izquierda en defensa de la vida” convocó a toda la ciudadanía a una marcha el 13 de diciembre que saldrá de la rotonda El Guegüense hacia la Secretaría del FSLN, para exigir al gobierno priorizar las necesidades de los pobres y realizar consultas populares abiertas y sin ningún tipo de exclusiones en la definición de las políticas públicas, enfatizando el cese contra la persecución a las mujeres y la reinstauración del aborto terapéutico.

Al respecto, este movimiento denunció que existe un feminicidio por parte del gobienro actual que violenta los derechos humanos de la mujer nicaragüense, llegando al límites de actos criminales de lesa humandad, violentando con ello la Constitución de la República y un derecho internacional ratificado por Nicaragua, subordinando la institucionalidad a un Estado confesional ortodoxo, ultraconservador disfrazado por un enfoque derechista manipulador de perdón, reconciliación y paz.   

Manipulación con granos básicos

Los treinta organismos rechazan el incremento autorizado ilegalmente por el gobierno en las tarifas de los servicios públicos, tales como el agua y la energía eléctrica. Asimismo, requieren de la Presidencia de la República, anular el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y rechazar las negociaciones de similar naturaleza con la Unión Europea, conocidos como Acuerdos de Asociación, puesto que se tratan de estrategias de dominación del capital transnacional. Por otro lado, instaron al Ejecutivo a renegociar la deuda externa e interna al país, dejando su desacuerdo con el pago de los Cenis.

Denunciaron la manipulación a la supuesta crisis causada por la especulación de granos básicos y están en contra de cualquier liberación encubierta de ese comercio, que al parecer será será aplicada a través de las importaciones del Gobierno estipuladas en el acuerdo del  tratado libre de comercio.

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