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La dirigencia y la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, asegura que los decretos ejecutivos sobre la creación de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano son “nulos de toda nulidad”, porque el presidente de la República, Daniel Ortega, omitió un requisito de orden constitucional, como es la firma del secretario de la Presidencia.

El primer vicepresidente del PLC y directivo parlamentario, Wilfredo Navarro, informó en una rueda de prensa que el nombramiento de Rosario Murillo como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, Conpes, también es ilegal, porque está inhabilitada para el cargo de acuerdo con la Ley 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”.

En el primer caso, Navarro informó que el artículo 151 constitucional en el segundo párrafo señala que “los decretos y providencias del presidente de la República deben ser refrendados por los ministros de Estado de las respectivas ramas, salvo aquellos acuerdos que se refieran a nombramientos o remoción de sus ministros o viceministros de Estado”.

Navarro dijo que todo lo relacionado con los CPC, a “pesar de toda la bulla que les hicieron”, legalmente no existen, porque los decretos que los crearon son nulos de toda nulidad por tener un vicio de orden constitucional.

Antecedentes

El político liberal le recordó al mandatario Daniel Ortega que hay varios antecedentes jurídicos al respecto, entre ellos uno de julio de 2005, en donde la Corte Suprema de Justicia, CSJ, declaró inconstitucionales dos decretos ejecutivos, el 43-05 y el 44-05, por carecer de los refrendos y firmas de los secretarios y ministros respectivos, “incurriendo de esta manera en una inconstitucionalidad de forma al haberse omitido un requisito de orden constitucional”.

Sobre el nombramiento de Murillo, el diputado liberal leyó el inciso a del artículo 11 de la Ley 438, que dice que son inhábiles para el ejercicio de la función pública “el cónyuge o acompañante en unión de hecho estable, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad del servidor público que hace el nombramiento o contratación o de la persona de donde hubiere emanado esta autoridad”.

El caso Murillo

En este contexto, Navarro argumenta que existe una inhabilitación total para la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, esposa del presidente Ortega, quién la nombró en el cargo público de secretaria ejecutiva del Conpes.

Dijo que el caso de Murillo es peor, pues los CPC no pueden ser parte del Conpes porque el decreto que reforma el funcionamiento de esa entidad es nulo de toda nulidad, porque no está refrendado por el secretario respectivo.
  
Según Navarro, en el caso del decreto sobre los CPC, es de forma, porque no llenó un requisito constitucional, y es de fondo porque violenta la Ley 290, que señala que no pueden existir esas instancias como apéndices del poder Ejecutivo.

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