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  • EFE

El recurso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya no ha logrado extinguir dos de los problemas bilaterales que más tensión han creado en América Latina en los últimos años, los cuales están hoy candentes y además van a tener cada uno una segunda parte en ese tribunal.

La planta papelera de la finlandesa UPM en Uruguay es de nuevo una fuente de conflicto entre ese país y Argentina, porque acaba de ser autorizada a aumentar su producción, y el trazado de la línea divisoria marítima sigue enfrentando a Colombia y Nicaragua.

El primero de esos litigios fue elevado a la CIJ en 2005, y el segundo --que tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX-- en 2001. Los fallos correspondientes fueron emitidos en 2010 y 2012.

Los dos países rioplatenses aceptaron que si bien Uruguay debió consultar con su vecino la instalación de la planta a orillas de un río que ambos países administran conjuntamente, la papelera puede funcionar porque no supone un riesgo para el medio ambiente, como señala la sentencia.

En tanto, el Gobierno colombiano desacata el cumplimiento del fallo que le regresó a Nicaragua una vasta extensión del mar Caribe, de 75,000 a 90,000 kilómetros cuadrados, que antes estaban bajo control de Colombia, que ya ha iniciado el trámite para desvincularse de la CIJ.

De nuevo al Tribunal

Pero Nicaragua se adelantó a que se concrete la retirada colombiana y planteó en septiembre una nueva demanda, esta vez para pedir a la CIJ que declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima, “más allá” de los límites definidos en 2012, pues quiere ampliar su plataforma continental a 350 millas náuticas.

Argentina también va a recurrir de nuevo al tribunal con sede en Holanda, según anunció el Gobierno.

El canciller argentino, Héctor Timerman, dijo que la decisión “unilateral” del presidente uruguayo, José Mujica, de autorizar a la planta de UPM a producir 100,000 toneladas anuales más no le deja a Argentina “otro camino que recurrir a La Haya”.

El Gobierno argentino acusa a Mujica de violar el Tratado del Río Uruguay y también la sentencia que la CIJ dictó en 2010, y el presidente uruguayo afirma haber sido “acorralado políticamente con lo de La Haya” y niega que la planta de UPM sea contaminante.

La planta productora de celulosa, originalmente de la empresa finlandesa Botnia, supuso en su día la mayor inversión de la historia de Uruguay, 1,800 millones de dólares, empezó a funcionar a fines de 2007 y da empleo a más de 5,000 personas, una cifra relevante en un país de 3.3 millones de habitantes.

A Uruguay le costaron, según cálculos conservadores, más de 400 millones de dólares los prolongados bloqueos de los pasos fronterizos, especialmente del puente que une Gualeyguaychú con Fray Bentos, por parte de ecologistas argentinos que finalmente debieron levantarlos una vez que Argentina acató el fallo.