Miguel Carranza
  •   Managua, Nicaragua  |
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La propuesta de reforma que envió a inicios de esta semana el Ejecutivo, sobre la Ley de Transferencia Presupuestaria a los Municipios de Nicaragua, Ley 466, busca fortalecer la Comisión de Transferencia, con el fin de que esa Comisión garantice los recursos transferidos a los municipios, para que estos se inviertan en obras de progreso y de impacto positivo en las comarcas y territorios, coincidieron diputados sandinistas este miércoles.

“Recordemos que ahorita tenemos una cifra récord de más de 4 mil millones de córdobas en el año 2014 --proyectada para transferencias municipales-- y la preocupación es garantizar que la mayor cantidad de esos recursos impacten en el gasto de capital más que en el gasto corriente”, dijo el diputado Wálmaro Gutiérrez.

El diputado señaló que lo que se quiere con esta reforma a la Ley 466 es fortalecer la Comisión de Transferencias, para que esta garantice que los recursos no se vayan en más sueldos y salarios, sino que se inviertan en obras de progreso en los territorios, comunidades y municipalidades.

En tanto, el diputado Juan Ramón Jiménez, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, dijo que la propuesta del Gobierno busca identificar los problemas y necesidades de los municipios, a través de la Comisión de Transferencias.

“Se busca agilizar que esos recursos que vienen del Estado a los municipios, se usen eficazmente y que los ciudadanos participen. Es darle poder a la gente para decidir dónde invertir los recursos”, dijo Jiménez.

Por su parte el diputado Edwin Castro, dijo que la reforma a la ley busca que la Comisión de Transferencias revise los parámetros en base a la recaudación, población y niveles de pobreza de los municipios, para redistribuir el 10% que el Presupuesto General de la República asigna a los 150 municipios del país.

Vallejos dice que afecta autonomía

Sin embargo, el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, Javier Vallejos, dijo que la propuesta de reforma afecta la autonomía municipal, porque pone en manos de la Comisión de Transferencias --ajena a las necesidades de cada municipio-- la decisión de hacia dónde van los fondos de transferencia, lo cual es una decisión propia de los Concejos.