Jorge Eduardo Arellano
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Juan Ramón Huerta

Algunas personas asocian tu caso a un medio vuelto que el gobierno de Ortega te da por la denuncia que hiciste sobre el tráfico de tierras en Tola, donde se involucraba a personas de confianza del mismo Daniel Ortega. ¿Qué crees?
Creo que la denuncia que difundió Esta Semana y que la hizo Camilo de Castro por el caso de extorsión en Tola estableció un precedente en el país. Primero, que la prensa podía fiscalizar al gobierno del presidente Ortega con todas las de ley, y por el otro, que el gobierno no aceptaba ninguna clase de fiscalización. En ese caso, ellos inauguraron la campaña negra que ahora es una norma permanente, al atacarme y denigrarme en el canal oficial.

Sentenciaron por injurias y calumnias a la fuente, el empresario; a Alejandro Bolaños le quitaron su diputación y al final el caso quedó enterrado en la impunidad.

Ahora, si es una pasada de cuentas por eso, yo no lo puedo decir; después de eso hemos seguido haciendo investigaciones que creo han sido de utilidad social para el pueblo.


¿Hay algo personal en este conflicto con Ortega?
De ninguna manera. Una vez un ministro del gobierno me dijo: “Lo que pasa es que aquí hay un asunto personal entre vos y Daniel Ortega”. Yo le respondí, qué cosa personal; sencillamente yo estoy ejerciendo mi función como periodista, haciendo una labor crítica con este gobierno, como la he hecho con todos los anteriores. Yo tengo 30 años de hacer periodismo, desde la época del gobierno de Somoza, y siempre he mantenido esa actitud crítica, exceptuando la época de la Revolución, porque yo defendía ese proyecto y el periodismo que se ejerció en ese momento practicó la autocensura, lo reconozco y creo que tengo una deuda con el pueblo por el tipo de periodismo que realizamos; tuvo sus virtudes y errores, uno de ellos la autocensura.

Incluso en el gobierno de mi madre yo ejercí un periodismo crítico; lo hice también con el gobierno de Alemán, tuve confrontaciones fuertes con él. Durante el gobierno de Alemán denuncié el caso de la terraza de Byron Jerez, los megasalarios; durante el gobierno de Bolaños, el caso de la carretera de Tradeco; hemos desarrollado un periodismo crítico contra el sector privado, frente al capital. ¿Por qué no lo voy a hacer ahora con el gobierno de Daniel Ortega?
No se trata de nada personal, creo que Ortega, en particular, tiene una aversión a la crítica de que es sin duda el gobernante más intolerante de los que han pasado en los últimos años en el país. Para justificarlo de alguna manera, argumentan que es un asunto personal.


Es el segundo encontronazo con Ortega; primero fue por Barricada; ambos han sido asaltos. ¿Habías logrado hablar con Ortega después de ese primer episodio?
No. Yo fui expulsado del diario Barricada y después mi relación con Daniel Ortega se limitó a una relación profesional, entre un periodista y un dirigente político.

Lo entrevisté durante la campaña de 1996, siendo él candidato presidencial; luego cuando fue contraparte de Bolaños y por última vez en 2005, después de una crisis de gobernabilidad que hubo, tocamos temas importantes como la intervención del Frente Sandinista en el Poder Judicial. Ha sido una relación de poco acceso, en 14 años, por lo menos cuatro entrevistas.


¿A qué atribuís el marcado protagonismo que tiene el fiscal Juárez en este caso, con quien tuviste serios roces en el caso Tola?
Él vino a hacer una diligencia a mi oficina, a corroborar que si el disco que le estábamos entregando se correspondía con lo que había sido transmitido.

Yo le pregunté que si en esa investigación iban a tomar en cuenta a Vicente Chávez, y él me dijo que sí.

Después le dije que cómo podía investigar él a Vicente Chávez si éste y él habían realizado algunas operaciones comerciales como socios, habían comparecido juntos para comprar los derechos en litigio de una mina, demostrando que había intereses comunes entre ellos.

Él reaccionó de una manera abrupta y ahí terminó la conversación. Yo no tengo nada en contra de Armando Juárez, no sé si él tenga algo en contra mía.

Juárez aparece en este caso en aparente delegación de la Fiscal Adjunta, que a su vez ha sido delegada por el Fiscal General. Entiendo yo que por las funciones de Juárez como inspector general; habría que ver la ley, pero no estoy muy seguro si a él le correspondería tener el protagonismo que ha tenido, pero al final eso no me corresponde a mí dilucidarlo.


¿Hasta dónde quiere llevarte Ortega?
El lunes (13 de octubre) el Presidente habló de este tema, y por la forma cómo lo hizo quedó --al alegar que yo me resistía a la ley-- que tiene un interés político en este caso.

Al alegar que si en casos anteriores aquí se había allanado la casa de un ex presidente y se había sometido a la justicia al doctor Arnoldo Alemán, por qué no podían hacer lo mismo conmigo.

Solamente, como dice él, porque yo tengo un apellido oligárquico. Eso puso en evidencia que en la mentalidad del presidente Ortega, él quisiera que yo me convierta en algo así como ha convertido a Alemán, en su rehén, en alguien que es sometido al mecanismo de presiones y concesiones para el gobierno, como lo ha sido Alemán. Yo jamás me convertiré en rehén de Daniel Ortega, si él me quiere llevar a la cárcel instrumentalizando a la Fiscalía y al Poder Judicial, que lo haga, pero rehén jamás voy a ser de él.


¿Tiene alguna similitud este caso con los que vivía tu padre en tiempos de la dictadura somocista?
Mi padre vivió bajo acecho toda su vida, yo crecí bajo ese clima de tensión de los períodos en que mi padre fue sometido y llevado a la cárcel.

La primera vez que lo presencié, yo tenía 11 años cuando lo fue a traer una patrulla de la Guardia Nacional después de los sucesos del 22 de enero de 1967. Eso me marcó profundamente porque yo viví la actitud de mi padre cuando el se despidió de mí y de mi madre para montarse en esa patrulla para irse a la cárcel, y lo hizo con una gran naturalidad sin ningún dramatismo, aceptando las consecuencias de sus actos.

Eso para mí fue una lección de vida, en el sentido que si uno tiene una convicción, quien está luchando por algo asume las consecuencias que eso acarrea, eso es algo muy importante que yo aprendí de mi padre.

También en los años 70 él estuvo sometido a mucha presión por la persecución judicial dirigida y orquestada por Cornelio Hüeck.

El día que fui a la Fiscalía, me levanté muy temprano y me puse a hojear el diario político de mi padre, abrí una página y hablaba casualmente de esto, de la persecución de Cornelio Hüeck, de la presión que eso significa, para mí es una fuente de inspiración.


Has desafiado a Ortega al expresarle que no tenés miedo y que no temés ir a la cárcel. ¿Qué significa eso?
Yo no tengo vocación de mártir, pero tengo un compromiso con la verdad, con el trabajo que hemos venido haciendo y estoy convencido de que lo que está en juego aquí va mucho más allá de mi persona. Está en juego si la sociedad nicaragüense se deja intimidar ante un atropello, por eso digo: no me van a amedrentar.

Y en segundo lugar, tenemos la obligación de defender nuestros derechos; el derecho al debido proceso, en un caso judicial; el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión. Por eso yo sostengo esta posición, no es por arrogancia, no es porque me crea estar por encima de la ley; arrogante es el que ejerce el poder de manera arbitraria, como lo ejerce el presidente Ortega, prepotente es aquel que desde el primer día que asumió el gobierno instaló la Presidencia en la sede del FSLN, eso es un acto de arrogancia y de prepotencia. Yo me someto a la ley, pero exijo que me respeten mis derechos.


¿Hay otro tipo de amenazas en lo personal?
No a mi persona, pero sí a quienes trabajan conmigo, han recibido llamadas y han sido intimidados.


Algunos críticos de Ortega han desmayado y han declarado que de ahora en adelante no opinarán sobre política, el caso Tijerino. ¿Son tan fuertes las presiones?
Yo tengo mucho respeto y admiración por Edgard Tijerino, respeto sus decisiones y voy a conversar con él sobre las presiones a las que su familia ha estado siendo sometida. Yo sí creo que el poder tiene recursos ilimitados para presionar, cooptar, es una situación muy difícil para enfrentarla con resistencia.


Sobre el caso Cinco, hay personas que se preguntan si todo se arregla con una rendición de cuentas. ¿Qué pensás de esta visión de quienes opinan?
Cinco tiene 13 años de funcionar como Organización No Gubernamental, ha rendido cuentas, anualmente rinde un informe financiero, se mantiene en orden y ahora es acusado oficiosamente de triangulación y lavado de dinero por haber suscrito un convenio con la ONG británica Oxfam y con el MAM en noviembre del año pasado. Es un convenio cuyas bases de licitación se dieron a conocer en marzo del año 2007, fueron completamente públicas y del conocimiento del gobierno, porque ese fondo de gobernabilidad existe desde el año 2006, era del pleno conocimiento del Ministerio de Gobernación, de la Fiscalía, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia.

Pasaron 20 meses y desde el gobierno del presidente Ortega nunca nadie objetó nada.

Las objeciones empiezan, creo yo, cuando en los meses de junio y julio se empiezan a dar en el país una serie de movilizaciones sociales en las que participan organizaciones de la sociedad civil en las cuales el Movimiento de Mujeres tiene un papel destacado, y el gobierno decide lanzar una represalia política.

Entonces están armando un caso de lavado de dinero que no tiene ningún sustento jurídico, pero nosotros hemos rendido cuentas, en lo que nos corresponde, al Ministerio de Gobernación, y más aún a los donantes que financian proyectos y cuyos fondos son auditados por ellos mismos.

En 13 años hemos producido por lo menos 26 investigaciones y trabajos de diferente tipo, no meramente académicos, son trabajos de utilidad social; para los medios de comunicación, para los movimientos sociales, ahí están las credenciales de Cinco en 13 años.


¿Tenés alguna expectativa con lo puede hacer la Asamblea Nacional respecto del Fiscal y la Ministra de Gobernación?
La expectativa que tengo es que los diputados se reivindiquen en el sentido que el Fiscal de la nación, como ya lo afirmó a EL NUEVO DIARIO, delegó en la Fiscal Adjunta, pero que él desde el principio cree que es un caso que debió manejarse de manera administrativa desde el Ministerio de Gobernación y no desde el Ministerio Público. Si esa es la consideración del Fiscal y él no actúa y tampoco renuncia, pues yo creo que los diputados deberían demandarle que asuma su función o de lo contrario sustituirlo por otra persona.

Pero la expectativa más importante es que al menos haya un debate público y claro sobre la actuación de la Fiscalía y de la Ministra de Gobernación. Si los diputados van actuar o no, esa es su responsabilidad.


Si se fabrica algún delito a partir de Cinco, ¿qué puede esperar la población después en materia de libre organización y libertad de expresión?
Si no pueden fabricar el delito de lavado de dinero porque el origen de los fondos es lícito, entonces van a fabricar delitos políticos para criminalizar la movilización social y política de los ciudadanos al margen de los partidos políticos.

Los delitos políticos no existen en las democracias, sólo son fabricados por dictaduras o regímenes fascistas, y nosotros estamos al borde de llegar a ese punto.