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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, declaró este jueves inconstitucional un fallo que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) con sede en Managua, ejecutó en agosto de 2012 a favor del parlamento de ese país tras la elección de 20 magistrados.

El fallo de la Sala de lo Constitucional de El Salvador surgió a favor de un recurso por inconstitucionalidad interpuesto en 2012 por el abogado Max Henríquez, en contra la CCJ, después que ese tribunal centroamericano interviniera en la crisis de poderes mediante una sentencia a favor del Legislativo salvadoreño.

En un comunicado, la Sala salvadoreña informó que declaró inconstitucionales el artículo 22 del Estatuto de Creación de la CCJ y, “por conexión”, los artículos 62 y 63 de su Ordenanza de Procedimientos.

“Dichos artículos no podrán ser invocados, aplicados o utilizados de forma alguna por ninguna persona, natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, para someter a revisión de la CCJ las decisiones de los órganos jurisdiccionales salvadoreños ni su ejecución”, expresa el fallo de la Sala, según el comunicado.

El artículo 22 del Estatuto de la CCJ, acordado entre los presidentes centroamericanos en 1991, permite que ese tribunal del istmo intervenga para resolver conflictos entre poderes u órganos fundamentales del Estado, y conozca del “incumplimiento de fallos judiciales” en los países miembros del tribunal centroamericano.

En el comunicado, la Sala Constitucional señala que mediante esas disposiciones “se priva al Estado salvadoreño de la capacidad de decisión autónoma sobre las competencias fundamentales de sus órganos, se quebranta la prohibición constitucional de indelegabilidad de dichas funciones y se irrespeta el carácter exclusivo que la Ley Suprema les asigna”.

Guerra: “Asunto superado”

Por su parte, el expresidente de la Corte Centroamérica de Justicia, Carlos Guerra, considera que la sentencia de ese tribunal de justicia emitida en 2012 “ya es un asunto superado y que la Sala Constitucional por sí sola no tiene personería jurídica para desconocer un fallo del tribunal centroamericano”.

El magistrado Guerra aclaró que hasta el momento no ha habido ni un solo presidente de los países de la región que se haya pronunciado en contra del Estatuto para quitarle la potestad y la jurisprudencia a la CCJ de intervenir y resolver conflictos entre poderes u órganos de los Estados miembros, por lo tanto el artículo 22 es vigente mientras no se suprima.

Guerra recordó que uno de los argumentos para fallar a favor del Legislativo en 2012 fue porque la Sala Constitucional había invadido la competencia del parlamento, “y nosotros teníamos que procurar que se guardara el equilibrio entre los poderes en conflicto. Guerra también recordó que la CSJ de El Salvador se allanó a favor del Legislativo, diciendo que la elección de los magistrados había sido correcta.

 

El conflicto

A petición de la Asamblea Legislativa salvadoreña, la CCJ intervino en la crisis generada por dos sentencias de la Sala de lo Constitucional que anularon las elecciones de magistrados de la CSJ realizadas por el parlamento en 2006 y 2012.

El parlamento salvadoreño acudió a la CCJ tras desconocer dichas sentencias de la Sala contra la elección de magistrados.

La crisis, que comenzó el 5 de junio de 2012, culminó el 20 de agosto del año pasado con la firma de un acuerdo entre el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, y los partidos políticos.