•   Tegucigalpa  |
  •  |
  •  |
  • ACAN-EFE

Beatriz del Valle, exvicecanciller hondureña y candidata a diputada por el partido Libertad y Refundación (Libre), que coordina el expresidente Manuel Zelaya, anunció ayer que abandonará el país, por amenazas de muerte.

“En las próximas horas estamos saliendo del país”, afirmó Valle a periodistas tras reunirse con el Fiscal General del Estado, Oscar Chinchilla.

Agregó que conoció que “existe un plan para atentar contra mi vida”, aunque no precisó por quién, y comentó que interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y ante la organización no gubernamental Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, organismos que, dijo, le recomendaron salir del país.

“Lo que estamos haciendo es seguir las instrucciones que esos organismos nos han dado para proteger nuestra vida”, subrayó Valle, quien aspira a una diputación por el departamento central Francisco Morazán, en las elecciones generales del 24 de noviembre.

Además, hizo un llamamiento a los seguidores de Libre, cuya candidata a la Presidencia es la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, a que “no se dejen amedrentar por esta situación”, la que calificó como “intimidación”.

Valle se desempeñó como vicecanciller durante la Administración de Zelaya, quien fue derrocado el 29 de junio de 2009 cuando promovía una consulta popular orientada a reformar la Constitución, desoyendo prohibiciones legales.

 

Denuncian supuesto plan

En las elecciones de noviembre, las novenas desde que Honduras retornó a la democracia en 1980 tras casi 20 años de regímenes militares, participarán, por primera vez, nueve partidos, con ocho candidatos a la Presidencia, debido a una alianza de dos instituciones políticas.
La Alianza hondureña por los Derechos Humanos denunció este jueves que grupos económicos preparan un supuesto plan para desestabilizar al país previo a los comicios.
“Existen planes de generar un ambiente inestable y temor ese día (de las elecciones) para que el electorado no ejerza” el sufragio, dijo a Acan-Efe Wilfredo Méndez, representante de la alianza.
Señaló a “grupos económicos”, que no identificó, como los responsables de estos planes, en los que estarían involucrados también políticos del oficialista Partido Nacional y del Liberal, primera fuerza de oposición, cuyos nombres no precisó.
Méndez solicitó al Tribunal Supremo Electoral de Honduras que adopte “los cuidados y las garantías” necesarias para garantizar la observación ciudadana de las elecciones y expresó su temor de que haya “una imposición del resultado electoral”.
La alianza está integrada por las organizaciones hondureñas: Comité para los Derechos Humanos, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares.
Unos 5.3 millones de hondureños están llamados a las urnas a elegir al Presidente de la República, a tres vicepresidentes, 128 diputados del Congreso Nacional, 20 del Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes y 298 corporaciones municipales.