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¿Está dispuesto Ipade a observar las elecciones municipales sin las credenciales del Consejo Supremo Electoral, como lo ha planteado Ética y Transparencia?
Hemos venido observando con preocupación algunos hechos de violencia que han alterado el clima previo a las elecciones, nos preocupa el hecho que haya algunas actividades proselitistas partidarias que han terminado en incidentes y hemos visto algunas situaciones de amenazas.

Hemos escuchado calificaciones de que si los observadores van sin credenciales, los electores se van a defender de injerencias, eso es absurdo. Hemos escuchado amenazas veladas de que si vamos sin credenciales podemos sufrir algún tipo de violencia, nuestra posición institucional es que vamos a esperar hasta el último momento nuestra credencial, y si no la obtenemos no vamos a observar. No nos vamos a exponer a algún tipo de agresión o violencia.


¿Qué ha motivado esta decisión, que a la postre le va restar credibilidad a las elecciones municipales?
Debemos ser prudentes. Hay un ambiente muy polarizado en el país y los mensajes que hemos recibido de distintos sectores nos preocupan. La posición institucional de Ipade es esperar hasta el último momento, dar un plazo prudencial y esperar nuestra acreditación electoral. Si no nos acreditan será una posición institucional hacer la observación; la credencial nos otorga garantías, protección legal, acceso a las Juntas Receptoras de Votos y a los centros de cómputos, en base a la normativa de del Consejo Supremo Electoral.


Muchos sectores del país, no sólo los partidos políticos, están pidiendo al Consejo Supremo Electoral que permita la observación electoral nacional. ¿Qué opina de ello?
Hay un pronunciamiento del Cosep, de la Unión Europea, del mismo cardenal Miguel Obando, de los partidos políticos, alrededor de la importancia de la observación electoral nacional y nosotros seguimos en la posición institucional de que al haber cumplido la ley, seguimos esperando que el CSE nos otorgue las acreditaciones.

Eso nos va permitir un margen de legalidad y seguridad, que es lo que ponemos en primer lugar al momento de hacer la observación, porque queremos la seguridad de los observadores.


¿Qué impacto tendría la no observación nacional?
Hay que recordar que en las últimas elecciones municipales la violencia no fue ajena al proceso, incluso, una periodista fue asesinada y los antecedentes que hemos tenido este año han sido de muchas trifulcas y mucha violencia. Lamentaríamos que se siga en esta posición, porque el país pagaría un costo político, no hay motivos para negarnos la acreditación.

Hemos observado elecciones en el pasado sin ninguna queja, ni del CSE ni de los partidos políticos. Sería un retroceso democrático y el Consejo Supremo Electoral pagaría un costo político muy alto. La observación se promueve y se institucionaliza, y está establecida en la Ley Electoral en dos artículos donde se habla claramente de la observación electoral, está en la normativa de observación que el Consejo Supremo Electoral aprobó, y en el Manual Paso a Paso que el Consejo Supremo Electoral acaba de publicar aparecen los derechos de los observadores.


¿Han pensado en la posibilidad de denunciar internacionalmente la decisión del Consejo Supremo Electoral?
Por ahora no queremos considerar como un hecho la no acreditación, vamos a esperar prudencialmente un plazo que nos permita dar una respuesta. Vamos a dar hasta el cuatro de noviembre como fecha de acreditación, en cuanto el Consejo Supremo Electoral nos notifica que nos acredita, nosotros debemos enviar el listado de 2 mil y pico de personas para que se fabriquen entonces las credenciales, eso lleva por lo menos dos días, suponiendo que hay eficiencia en la fabricación. Después que recibamos esas credenciales las debemos enviar a 110 municipios, pero no sólo a las cabeceras departamentales; llegando al departamento estas credenciales van a áreas rurales, necesitamos tres días para hacer una distribución en tiempo y forma de los documentos.


¿Usted cree que se están sentando las bases para que haya fraude electoral en estos comicios municipales?
Hemos estado observando el proceso electoral desde que salió el calendario. Para calificar de fraudulento el proceso se tiene que dar una serie de irregularidades que sean sistemáticas en todo el trayecto.

Yo puedo calificar en una elección municipal que hubo alteración de la voluntad popular en una Junta Receptora de Votos, pero eso no cambia la dirección de una votación, no puedo alegar que hubo un fraude, pero si observo que de las unas 12 mil Juntas Receptoras de Votos en tres mil hay irregularidades, estaría en la capacidad de decir que tengo una muestra que en 3 mil juntas se ha alterado la voluntad popular; tiene que ser un fenómeno muy sistemático.

Por lo general, en Nicaragua el Consejo Supremo Electoral tiene la experiencia y la capacidad para organizar elecciones de buena calidad, procesos que cumplen con los estándares de calidad internacional. Los problemas están alrededor de la desconfianza que existe hacia el sistema electoral por parte de los partidos de la oposición, porque tenés un sistema electoral que es juez y parte.


Pero los partidos políticos han hecho varias denuncias en torno a la posibilidad de que el fraude se dé el mismo día de las elecciones.

Hay varias preocupaciones que se han manifestado. Por ejemplo, que hay una distribución de cédulas que beneficia al partido de gobierno; hemos escuchado ese tipo de denuncias.

En ese sentido hemos orientado al partido que hizo esa denuncia que la hiciera por escrito, hemos visto que hay un irrespeto abierto a la ética electoral con abuso de los bienes del Estado y los bienes públicos que beneficia al partido de gobierno. Eso es violación a la Ley Electoral, hay delitos electorales que ya fueron denunciados ante la Fiscalía y esperamos que actúen en consecuencia y establezcan la debidas responsabilidades. Si no, es una falla de la Fiscalía Electoral, y eso le va restar un elemento de claridad el proceso electoral.

La violencia y el clima de intolerancia también se expresan con los discursos de descalificación que son muy fuertes. Los actores políticos que fueron excluidos del actual proceso electoral, ahora se han aliado con otros partidos. Este proceso para ellos tiene algunos indicios de ilegitimidad, tienen una desconfianza de la administración del proceso electoral.


¿El hecho de que nombren a dos policías electorales de más cuando normalmente ha sido uno por JRV?
Ha habido medidas que los partidos de oposición las han visto sospechosas, el hecho de nombrar dos policías electorales más, cuando la ley dice que es uno el que debe estar; eso ha creado suspicacias en ALN y el PLC. Ellos dicen que si son 12 mil juntas, por dos policías más tenés 24 mil electores, y sí esos 24 mil votan en cada junta y no importa del domicilio de donde son, puede haber un elemento que altere la votación. Es natural que en una sociedad polarizada donde hubo un proceso electoral que descalificó a dos partidos políticos que tenían sus adeptos y que habían tenido 200 mil votos cada uno, y que la gente de estos partidos y los simpatizantes se sintieron lesionados en sus derechos... es natural que exista desconfianza, hacia este consejo electoral, porque el PLC no tiene desconfianza porque está dentro del Consejo Supremo Electoral, igual el FSLN. Podemos decir que el ALN y los otros partidos y alianzas y el resto de sectores sí pueden tener y manifestar un nivel de desconfianza.


¿Algunas acciones del gobierno han contribuido para que sea aún más pronunciada la polarización en la sociedad?, ¿usted qué opina?
Creo que ha habido algunos manejos desacertados de parte del gobierno dirigidos hacia los medios de comunicación y a las ONG. Algunas autoridades de gobierno han fomentado algunos hechos de violencia que más bien debieron haber sido condenados, han sido posiciones incorrectas que no han fomentado un clima de tolerancia y de entendimiento entre la sociedad. Hay un discurso del presidente en el que llama a fortalecer las ONG; es positivo que exista un cambio de discurso, y viene a tranquilizar a las ONG, a la comunidad donante.

Sin embargo, ese clima de confrontación le ha restado fuerza a la lucha contra el hambre, por mejorar la educación y los servicios de salud, que son esfuerzos que el gobierno ha estado emprendiendo.

Hago un llamado para que bajen de tono los discursos de descalificación. Nuestra preocupación es que haya respeto absoluto y que nadie sea objeto de descalificación o persecución por pensar distinto, ese es un elemento clave de toda democracia.


Observadores de IPADE listos
El Instituto para la Democracia, Ipade, tiene más de 2 mil 300 observadores para participar en 110 municipios del país. De obtener las credenciales, el organismo observaría el proceso en unas mil 200 JRV y en los centros de cómputos de las principales cabeceras departamentales del país.

“Hay cerca de 25 municipios donde las elecciones han sido muy disputadas y donde la diferencia de 40 ó 50 votos, lo que deja un ambiente propicio para impugnar, para alterar actas, para cuestionar y querer usar aquel famoso truco del acta mata-votos”, asegura.

Indicó que el alto nivel de desconfianza en el CSE y la polarización política son los mejores argumentos para que sea permitida la participación de los organismos de observación nacional.

“En las elecciones municipales las impugnaciones han sido de mayor conflicto. Si se recuerda Granada, ahí estuvo el problema con el tema de las impugnaciones. Nosotros tenemos que estar presentes y aspiramos a estar con la debida credencial para dar seguimiento a las impugnaciones en 110 municipios”, agregó.