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La prórroga que pide el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, para la aplicación del nuevo articulado de la Ley de Tránsito, está en manos del Poder Ejecutivo, y no de la Asamblea Nacional, explicaron este jueves los diputados María Eugenia Sequeira y Wilfredo Navarro, segunda vicepresidenta y tercer secretario de la Junta Directiva del Legislativo, respectivamente.

Sequeira y Navarro coincidieron en que la única vía legal y rápida, que ven, como respuesta a la propuesta del Cosep, es que el presidente de la República, Daniel Ortega, vete parcialmente la reforma a la Ley de Tránsito o bien que a través de la reglamentación de la ley se incluya una tregua para la entrada en vigor de la misma.

Legislativo al margen

La diputada Sequeira, del PLI, mencionó que lo planteado por el sector privado es válido técnicamente, pero que el Legislativo ya nada puede hacer porque una vez se aprobó la ley y se mandó a publicar en La Gaceta, “una ley publicada en La Gaceta inmediatamente entra en vigencia”.

Por su parte, la diputada Lissette Montenegro, exmiembro de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, señaló que la prórroga se debió considerar durante la etapa de consulta de la reforma, pero que en ese momento no hubo voluntad política de los diputados para dejar establecida una tregua.

Propuesta

El miércoles el Cosep solicitó una prórroga al articulado de la reformada Ley de Tránsito, bajo el argumento de que no existen suficientes talleres habilitados para cubrir las certificaciones técnicas vehiculares.

La solicitud de la empresa privada nace después que la Asamblea Nacional aprobó una nueva disposición, en la Ley de Tránsito, para que el parque vehicular en el país porte una “calcomanía de revisado”, como prueba ante las autoridades de que los vehículos automotores “han aprobado satisfactoriamente la inspección mecánica”.

La calcomanía --según la reforma-- tendrá un valor de C$50, y no portarla será motivo de una sanción económica por C$320.

Según el presidente del Cosep, José Adán Aguerrí, una prórroga para la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito, evitaría multas masivas” por no portar la “calcomanía de revisado”.

 

Chance administrativo

La diputada María Eugenia Sequeira mencionó, también, que otra solución sería que la Policía Nacional no actúe en la aplicación de la reforma y dé un chance administrativo, para que haya una extensión de la misma.

“No debería de ser así, pero es la solución más práctica”, aclaró. En tanto, Wilfredo Navarro expresó que la tregua para que entre en vigor esa ley, debería ser de nueve meses. “Porque no solo son estos temas (revisión mecánica de vehículos) los que van a causar problemas a la Policía, está el tema del alcoholímetro, y hay un montón de cosas dentro de la reforma, (para lo) que la Policía aún no está preparada”, señaló.