Melvin Martínez
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En otra conferencia de prensa marcada por la polémica y las diatribas, el procurador Omar Cabezas tildó de agitadores electorales a los miembros de Ética y Transparencia, e instó a los presidentes de Juntas Receptoras de Voto y a los policías electorales a que procedan “según las leyes” en contra de los observadores no acreditados por el Consejo Supremo Electoral.

Cabezas acusó al organismo EyT de ser agente de potencias extrañas para boicotear las elecciones.

El director de EyT, Roberto Courtney, no se quedó atrás y le recordó a Cabezas que por hacer malas cuentas “tiene causas abiertas en la Contraloría, y son casos de gravedad, debería responder por ellos”.

Y es que Cabezas acusó al organismo de recibir financiamiento de supuestas “potencias extranjeras”, pues no se explica de dónde han sacado recursos para poner 30 mil observadores este domingo durante los comicios electorales.

Courtney respondió afirmando que Cabezas es la persona menos indicada para cuestionar la manera en que algún organismo o persona maneja sus recursos y lo invitó a que aclare, “haciendo cuentas claras”, las causas que tiene en la Contraloría General de la República.

Según Cabezas no hay que descartar que “las 30 mil personas que movilizará EyT puedan ir buscando manchar las elecciones, van buscando como deslegitimar las elecciones”.

CNU observará elecciones
El presidente del Consejo Nacional de Universidades, CNU, Telémaco Talavera, anunció ayer en rueda de prensa que dispondrá de 3 mil 300 procuradores electorales debidamente acreditados por el Consejo Supremo Electoral.

“El CNU, partiendo de la experiencia de la observación nacional realizada en las elecciones presidenciales de 2006, decidió, en conjunto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, organizar procuradores electorales a nivel nacional que tienen funciones diferentes a las de los observadores electorales”, explicó.

A pesar de participar junto a Cabezas en la conferencia, Talavera prefirió distanciarse de las acusaciones que hizo el polémico procurador de derechos humanos.