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En los municipios de Jinotepe, El Rosario, San Marcos, La Concepción, Masaya y Granada, la participación de los electores en las elecciones municipales fue aparentemente masiva y en relativa calma durante las primeras horas de la mañana, aunque los policías electorales y observadores de la Procuraduría de Derechos Humanos llevaban órdenes de imponer bozal a los miembros de las JRV.

“No hablés, que no hay declaraciones”, dijo imponente un fiscal del FSLN en Masaya a un policía electoral cuando era consultado sobre la concurrencia de votantes. En la mayoría de los casos, los presidentes de mesa afirmaron que las orientaciones eran que los medios sólo entrarían a los Centros de Votación y ni siquiera podrían tomar imágenes del funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos, JRV. En tanto, los policías electorales afirmaron que la medida fue dada por el Ministerio de Gobernación.

En el Instituto “Juan José Rodríguez”, de Jinotepe, donde funcionaban siete JRV, según los policías electorales permitirían que el observador de Ética y Transparencia observara los comicios incluso dentro de la JRV, pese a que el CSE no lo había autorizado, mientras en San Marcos observaban de largo el proceso tal como lo orientó el Director Ejecutivo de ese organismo de observación nacional.

Observadores activistas
Pero en La Concepción, una observadora de la Procuraduría de Derechos Humanos, PPDH, intervenía imperiosa y orientaba a los policías electorales, por lo que no parecía observadora sino activista partidaria. Era evidente su cercana comunicación con los miembros de JRV.

De acuerdo con los sondeos realizados en diez Centros de Votación ubicados en las ciudades de Jinotepe, Masaya y Granada, la participación hasta el medio día llegaba al treinta por ciento, aunque en Granada ese porcentaje, según los miembros de mesa, podría superar el 35 por ciento. En algunas JRV ya había votado la mitad de los ciudadanos según el padrón.

¿Policías más “confiables” que familiares?
En la JRV 0480 del Colegio “José Dolores Estrada”, en dos ocasiones los miembros de mesa no permitían votar a ancianos acompañados de sus familiares, y recomendaron que mejor fuesen acompañados por el policía electoral. Es el caso de Emelina Sánchez, quien tiene problemas de visión y de dolor en los huesos, por lo que aseguró que siempre se hace acompañar de su hija Cecilia Sánchez.

Pero ante el reclamo de la representante legal del PLC, en Masaya, Karla Mercado, la anciana pudo votar, pero en medio de desorden y amenazas de parte de Mario José Norori de llevarse presa a Sánchez por supuestamente inducir a su madre dónde votar, y aseguró que era más confiable un policía electoral.

Lo sorprendente es que Norori era solamente fiscal de ruta, y por consiguiente no tiene acceso a entrar a armar disturbios en las JRV.

Adicionalmente, los policías electorales discutían como activistas con la anciana, quien enojada decía que desde hace cinco años no puede salir sola.

Esta situación se repitió en Granada, específicamente en el Centro de Votación 040, del Colegio “Gertrudis Bermúdez”.