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  • AFP

Nicaragua está "en las puertas de un régimen dictatorial", advirtió este miércoles una dirigente de la disidencia sandinista, saliendo al paso de las irregularidades denunciadas durante las elecciones municipales de las que ha salido victorioso el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega.

Tienen "que rectificar el rumbo o nosotros estamos en la puerta de un régimen dictatorial al que no le importa absolutamente nada, ni la voluntad del pueblo, ni el voto, ni el hambre ni la libertad del pueblo", dijo Dora Téllez, fundadora del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, centroizquierda).

En declaraciones a un medio local, Téllez consideró que si los nicaragüenses no cierran filas para "detener" por la vía cívica lo que calificó como el "robo más bárbaro del voto popular", la única forma de "destronar" a Ortega será "con una nueva guerra".

"Hay que detener lo que está pasando y lo tenemos que hacer nosotros (..) porque sino estaremos condenando a nuestros nietos a una nueva guerra para destronar a una dictadura", opinó.

Señaló que todavía hay tiempo de "resolverlo cívicamente, (lo) que quiere decir que hay que actuar con fuerza, firmeza y energía", exhortó.

Entre las anomalías electorales, Téllez mencionó la existencia de muchas actas de escrutinio de Juntas Receptoras de Votos (JRV) en las que el gobernante Frente Sandinista se atribuyó la victoria de los 400 electores que tiene cada mesa, por ley.

Fueron "tan burdos" que "hasta pereza les dio" en calcular bien cómo iban a manipular los votos, denunció.

"Estamos frente a una crisis nacional de proporciones gigantescas", vaticinó.

El opositor Partido Liberal Constitucional desconoció el martes el resultado de las elecciones y exigió al Consejo Supremo Electoral (CSE) que se vuelvan a contar los votos, a lo que el presidente Roberto Rivas ha respondido que "imposible", porque la oposición no impugnó las actas al cierre de las mesas electorales.

El PLC sostiene sin embargo que las alteraciones se produjeron en el Centro Nacional de Cómputo de Managua u otras cabeceras departamentales, a las que se les impidió el acceso a sus fiscales.