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La Contraloría General de la República, CGR, efectuó el año pasado 967 auditorías y descubrió un daño al patrimonio del Estado valorado en C$32 millones, más US$21,706, informó ayer a la Asamblea Nacional el contralor Luis Ángel Montenegro.

270614 daño“Como resultado de las auditorías gubernamentales se comprobó un daño patrimonial al Estado hasta por la suma de más de C$32 millones, derivados de responsabilidades civiles y presunciones de responsabilidad penal”, señaló Montenegro al rendir un informe ante la Asamblea Nacional.

Precisó que esas responsabilidades civiles y presunciones penales fueron atribuidas a muchos exfuncionarios que laboraron en el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura y Forestal, Magfor, la misma Asamblea Nacional, entre otras instituciones y entidades del Estado.

SIN NOMBRES

Montenegro, sin embargo, no precisó nombres de los funcionarios o exfuncionarios implicados y se limitó a decir que algunos ya no están en esas instituciones.

Precisó que las 967 auditorías del año pasado representan la cifra más alta de los últimos 14 años.

Dijo que las faltas cometidas por los funcionarios y exfuncionarios relacionados con los casos fueron abuso con los recursos del Estado, es decir que no presentaron la documentación-soporte con la cual pagaron beneficios que no correspondían de conformidad con la ley.

También hicieron contrataciones inapropiadas, violentando la Ley de Contrataciones del Estado.

“En fin, todos los delitos que puede cometer alguien que se apropia indebidamente de los caudales públicos”, señaló.

FISCALIZACIÓN

Montenegro indicó que actualmente la CGR tiene un programa de fiscalización en 87 municipalidades del país y que ya han practicado auditorías en Nagarote, Cinco Pinos, El Viejo, Posoltega, Chinandega, Corinto y que próximamente se van a realizar auditorías en San Juan del Sur, Cárdenas y Masaya.

El funcionario se excusó diciendo que no podía precisar sobre el resultado de estas auditorías en los municipios mencionados, porque no podía adelantar juicios.

87 Municipios están bajo un programa de fiscalización de la CGR.

El contralor Luis Ángel Montenegro dijo que el Olof Palme sigue siendo propiedad del Seguro Social.

Responsabilidades

El contralor Luis Ángel Montenegro dijo que en 2013 la Contraloría estableció responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y presunciones penales, a servidores y exfuncionarios públicos.

Administrativas

310 servidores y exservidores fueron señalados con responsabilidad administrativa en 57 entidades, en las cuales se incluyen 25 municipalidades.

Civil

110 funcionarios causaron daños con sus actuaciones y perjudicaron económicamente al Estado con C$16.3 millones y US$7,106.

Presunción penal

80 funcionarios incurrieron en actos irregulares y perjudicaron económicamente al Estado con C$15.8 millones y US$14,600.

Gastos injustificados

Emisión de 109 pliegos de glosa que suman C$17.6 millones y US$9,442 derivados de gastos injustificados.