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  • ACAN-EFE

El exministro de la Presidencia de Honduras Enrique Flores se ha enredado con 50 millones de lempiras (2.5 millones de dólares) sacados en carretillas del Banco Central para financiar hace cinco años una fallida consulta popular, que terminó con el derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya.

Después de haber negado que había recibido los 50 millones de lempiras, Flores confesó lo contrario el pasado martes al Canal 5 en Tegucigalpa, pero explicó que los repartió entre varios de sus excompañeros en el Gobierno, entre los que figuran familiares del mismo Zelaya.

La sustracción del dinero del Banco Central, mediante un acuerdo presidencial aprobado por Zelaya en sesión del Consejo de Ministros, es calificada por diversos sectores como uno de los ejemplos más claros de corrupción en la Administración del exgobernante.

Sin embargo, Flores y Zelaya alegan que la operación fue legal, que no hubo corrupción, pese a que el poder judicial había resuelto que la consulta (para reformar la Constitución), prevista para el 28 de junio de 2009, que el expresidente promovía, era ilegal.

Desde que se destapó el escándalo de que los 50 millones de lempiras fueron sacados en carretillas de las bóvedas del Banco Central de Honduras, Flores negó haberlos recibido y culpó de eso al entonces ministro de Seguridad, coronel Jorge Rodas Gamero, quien siempre rechazó esa acusación.


Cinco años después se preguntan de dónde salieron los fondos


Cinco años después, sin que se conozca a fondo cuántos millones se gastaron en total en la consulta popular que promovía Zelaya, Flores, quien tiene cuentas pendientes con la justicia por otros presuntos actos de corrupción cuando fue ministro de la Presidencia, ha reconocido que recibió el dinero.

De los 50 millones, Flores dijo que repartió 47 millones y que los tres restantes quedaron en la Casa Presidencial, sede de su oficina.

Los 47 millones de lempiras fueron repartidos a coordinadores de los 18 departamentos del país, en cantidades que variaban dependiendo el número de población territorial.

Para Francisco Morazán (centro) y Cortés (norte), se asignaron seis millones de lempiras (300,000 dólares) a cada uno, mientras que para Olancho (oriente), de donde es originario Zelaya, tres millones de lempiras (150,000 dólares).

El monto para el departamento de Atlántida (Caribe) fue de cuatro millones de lempiras (20,000 dólares), en tanto que a los catorce restantes, según lo dicho por Flores, se le entregaron dos millones de lempiras (20,000 dólares) a cada coordinador.

En lo que Flores al parecer no hizo bien las cuentas, es en lo que respecta a los nombres de sus excompañeros de gobierno y correligionarios del entonces gobernante Partido Liberal, ya que varios de ellos, incluso familiares del mismo expresidente Zelaya, han salido al paso asegurando que no recibieron nada.

 

Dinero fue repartido en 2009


El dinero fue repartido en su mayoría en la última semana antes del 28 de junio de 2009, para los gastos en que incurrirían los coordinadores y demás involucrados en la consulta popular.

Uno de los coordinadores en Tegucigalpa asegura que, por el contrario, parte de la campaña la costeó con su propio dinero, el que nunca recuperó.

El extitular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, Armando Sarmiento, quien está emparentado con la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, también ha rechazado que haya recibido dinero para gastos asociados y participado en la consulta popular.

Zelaya, quien no se había referido antes al tema con detalles sobre quiénes recibieron los 50 millones de lempiras, no solamente ha salido a reiterar su defensa de la consulta popular y a Flores, sino que también ha dicho que por ese dinero deberán rendir cuenta más de 50,000 activistas involucrados.

En un comunicado del partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), surgido tras el golpe de Estado y cuyo coordinador general es Manuel Zelaya, el expresidente hizo un llamamiento a los más de 50,000 activistas a prepararse para "rendir cuentas".

Aunque nada justifique el golpe de Estado contra Zelaya, el exgobernante ha dicho que ahora, "paradójicamente, en vez de perseguir a quienes cometieron el crimen del golpe de Estado militar, persiguen a las víctimas del golpe que estaban impulsando la cuarta urna" (consulta popular).