Miguel Carranza
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El diputado Juan Ramón Jiménez reconoció este viernes que algunas municipalidades pequeñas de la zona norte y el Caribe de Nicaragua pidieron que no se aprobara en lo particular la Ley Especial de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, que establece multas severas de hasta C$100 millones para las personas naturales o jurídicas que acopien, transporten o quemen residuos y desechos sólidos sin la autorización de instancias correspondientes.

Jiménez dijo que algunas alcaldías pequeñas “brincaron” porque no fueron consultadas en esta iniciativa y pidieron al Poder Legislativo dar sus aportes al proyecto de ley que fue aprobado en lo general el miércoles con 88 votos.

“Esto de las leyes no son perfectas, por lo tanto cuando hay sus lagunas yo creo que hay que llenarlas para después no estar en reformas. Es de humano tener sus errores y a lo mejor el error fue que no consultamos a municipalidades pequeñas, por ejemplo de la zona norte, del Caribe, y creo que es justo que ellos también incidan en esta ley que nos va a servir a todo el pueblo nicaragüense”, dijo Jiménez.

Oficinas en alcaldías

El legislador, quien es presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, precisó que hay un mandato del presidente del parlamento, René Núñez, de que todas las leyes deben tener respaldo económico y pues si la ley de desechos determina que hay que poner una oficina en cada alcaldía para atender los desechos sólidos, tiene que verse presupuestariamente si cada municipalidad tiene ese respaldo económico para hacerlo.

El diputado Edwin Castro dijo el jueves que aún se hacen ajustes de consenso con algunas alcaldías sobre el funcionamiento que tendrán los “rellenos sanitarios”, que la nueva ley en su artículo 54 manda a habilitar en todos los municipios del país para la disposición final de los desechos sólidos.

Castro añadió que los ajustes que se hacen a la ley son rápidos y que el próximo día de sesión se retomará la discusión en lo particular de los 113 artículos de la nueva ley que busca la prevención, cambio de mentalidad, hábito y de cultura sobre el uso de los residuos y desechos sólidos.

Las infracciones

La ley establece en sus artículos 92, 93 y 94 que quienes presten servicio de manejo de residuos y desechos sólidos no peligrosos sin estar concesionados o autorizados por el Gobierno municipal y quienes depositen animales muertos o sus excretas en áreas o vías públicas o en otros sitios no autorizados, cometen una infracción leve y podrán ser multados con C$100 mil a C$150 mil córdobas.

Detalla además que quienes brinden información falsa para obtener los permisos y autorización de manejo de desechos y quienes incineren o realicen tratamientos de residuos y desechos sólidos peligrosos en contravención a las normas técnicas, cometen una infracción grave y podrán ser multados con C$150 mil a C$1millón.

Y en el caso de quienes coloquen en el mercado nacional recipientes y/o envases para reúso, con una concentración de sustancias, materiales o compuestos que excedan los parámetros de peligrosidad para la salud humana y el ambiente o quienes establezcan botaderos clandestinos de residuos y desechos sólidos peligrosos, cometen una infracción muy grave y podrá aplicárseles una multa de C$1millon a C$100 millones.

El artículo 98 de la ley establece que en la aplicación de las multas se considerará si la persona es natural o es persona jurídica, su capacidad económica, el tipo de empresa, el daño causado, la reincidencia, entre otros criterios.

 

113 artículos tiene la Ley Especial de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos.

 

 

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