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Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a la lucha contra la trata de personas pidieron dejar claro en la “Ley Especial e Integral contra la Trata de Personas”, que trabajan diputados, cómo se va resarcir el daño sufrido por las víctimas y qué tipo de bienes se les va incautar a quienes cometen este delito.

Representantes de instituciones del Estado, Organismos No Gubernamentales y dirigentes comunitarios del departamento de Granada, fueron consultados este viernes por la Comisión de Paz, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional sobre dicha ley, que incrementa de 12 a 25 años la pena de cárcel para los que practican trata de personas.

La asesora del Centro de Mujeres Ixchen, Ruth María Díaz, opinó que la ley debe dejar “bien claro el destino de los fondos y los recursos que les serán incautados a los tratantes.

“Se habla de atención del Estado, pero habrá que ver cuál es el resarcimiento de los daños que estos criminales van a dar a sus víctimas, que por años sufrieron agresiones físicas, sexuales y enfermedades de toda índole”, dijo la abogada.

El diputado Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la comisión, ha señalado en diferentes ocasiones que la iniciativa busca también que los bienes incautados a los tratantes sean ocupados para restituir los daños a las víctimas.

“Muchas veces hay tantos bienes hechos con la explotación, con el turismo sexual entonces queremos que también respondan los bienes del crimen organizado por los daños ocasionados”, ha señalado el legislador sin precisar qué tipos de bienes se incautarán.

Consulta nacional

Rodríguez anunció que repetirán la consulta en otras zonas del país, para enriquecer la iniciativa de ley, la cual tiene 59 artículos y se viene trabajando desde principios de este año.

El segundo jefe de la Policía en Granada, comisionado mayor Carlos Mora, quien asistió a la consulta, aseguró que pese a que no existe una ley particular contra la trata, la institución ha venido trabajando en combatir este tipo de delitos.

El proyecto de Ley propone reformar el artículo 182 del Código Penal para establecer prisión de 12 a 15 años para quienes cometan el delito por medio de amenazas, intimidación, secuestro, chantaje, uso de la fuerza y cuando el victimario cometa la violación valiéndose de una situación de vulnerabilidad de la víctima.

Asimismo propone de 15 a 20 años de cárcel para quienes cometan el delito contra menores de 18 años y mayores 60 años; contra un originario de los pueblos afrodescendientes y contra personas con discapacidad.