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Leyla Jarquín
El Presidente de la República no tiene la facultad de legitimar o no el proceso y los resultados de unas elecciones, señaló el analista político Carlos Tünnermann, en alusión al decreto que emitió este viernes el presidente Daniel Ortega, en el cual defiende la legitimidad del proceso y los resultados de las elecciones municipales realizadas el pasado nueve de noviembre, en las que su partido obtuvo 105 alcaldías.

“El Poder Ejecutivo no tiene competencia para hacer decretos legitimando los resultados de una elección... los resultados de una elección los legitima el pueblo de Nicaragua... y por tanto no cabe el decreto del Ejecutivo”, expresó Tünnermann.

Tomando en cuenta eso, Tünnermann dijo que es una contradicción, que por un lado el mandatario decrete la legitimidad de las elecciones, y que por otro niegue la facultad a la Asamblea Nacional de declarar nulos los comicios.

No agrega legitimidad
Incluso, destacó que dicho decreto no le agrega más legitimidad a los resultados que presentó el Consejo Supremo Electoral el pasado 20 de noviembre, pues éstos han sido objeto de denuncias de irregularidades y anomalías de todo tipo en varios departamentos del país. “El Ejecutivo no puede asumir atribuciones que no tiene”, insistió.

Por su parte, el analista político Emilio Álvarez Montalbán recordó que el último que tiene la palabra en fallos electorales es el Consejo Supremo Electoral, según manda la Constitución Política del país.

Álvarez incluso refirió que la crisis generada luego de la realización de los comicios por la disputa de las alcaldías entre liberales y orteguistas, refleja que “Nicaragua no tiene la capacidad para organizar elecciones en consenso”.

Curarse en salud
En cambio, para el jurista Sergio García Quintero, “el comandante Ortega, con el decreto lo que trata es de curarse en salud y pretende dar la imagen a nuestro pueblo y sobre todo internacionalmente de que es un líder democrático”.

Además, manifestó que “Ortega pretende con este decreto dejarle claro a la Asamblea Nacional de que no debe inmiscuirse en resoluciones de otros poderes del Estado, cuando más bien él, desde la cabeza del Estado, se ha caracterizado por violentar la Constitución casi todos los días”.

“¿Qué podría decir él, por ejemplo, advertir a la Asamblea Nacional de que no transgreda la Constitución Política, cuando él es el que se encarga, con las actitudes que asume en relación a la cosa pública, de manejar todos los hilos y todos los controles de todos los poderes del Estado?”, apuntó.

CSE con patente de corso
García Quintero señaló que “el Consejo Supremo Electoral ha tenido, a través de la Corte Suprema de Justicia, una verdadera patente de corso, porque cualquier disposición que tome se interpreta como propio del ámbito de su jurisdicción, y que por lo tanto nadie puede debatir o argumentar en contra de lo que a este respecto resuelve el Consejo Supremo Electoral”.

“Por ejemplo, la patente de corso que le dio la CSJ en el caso de Alejandro Bolaños Davis, en el cual la Corte Suprema de Justicia interpretó que lo que se estaba haciendo en el Consejo Supremo Electoral era propio de la competencia del Consejo, cuando en realidad el propio Consejo Supremo Electoral se había volado las trancas para dictar resoluciones que ya no eran de su jurisdicción”, expresó.