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Ignorar las deficiencias, irregularidades, anomalías, incoherencias o como quiera llamarse a todo lo ocurrido antes, durante y después de las elecciones municipales, definitivamente es como querer que la tierra se detenga en su movimiento. Resulta inexplicable cómo o por qué dos magistrados propietarios y uno suplente --todos de tendencia liberal-- decidieron avalar con su presencia los resultados finales y la declaración de electos.

Esta actitud sólo deja abierta la posibilidad de una “negociación o amarre”, entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. La pregunta es: ¿qué gana uno y qué gana el otro?
En una reciente entrevista con EL NUEVO DIARIO, el constitucionalista y ex presidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López, señaló que para el presidente Ortega, un resultado arrollador a favor de su partido, el Frente Sandinista, en los comicios municipales, se interpretaría como un respaldo a sus codiciadas reformas constitucionales que le permitan la reelección en el año 2011.

Para el experto, el apoyo del PLC a esas reformas significaría el definitivo suicidio político tanto para Alemán como para el mismo partido. No obstante, las predicciones sobrepasaron las expectativas de una negociación, pues el partido de Ortega obtuvo más de cien alcaldías, aun con todo el rechazo a su gestión presidencial registrado hasta la fecha, lo que contradice el supuesto respaldo en los comicios municipales.

Negociación en medio de crisis
El constitucionalista Gabriel Álvarez considera que si hubo en realidad una negociación política producto de la crisis electoral, fue sobre la base de una institucionalidad débil que, más tarde o más temprano, originará una nueva crisis.

Además, señala que el pacto se realizó sobre las mismas irregularidades; a menos que estas anomalías hayan sido previamente negociadas entre ambos líderes, pues tampoco puede descartarse que las “irregularidades” son parte del plan.

Según Álvarez, esta crisis electoral dejó clara la necesidad de cambiar las bases de las instituciones, en este caso del Consejo Supremo Electoral, CSE. Para el analista, la negociación política siempre es válida y necesaria, principalmente en momentos de conflictos.

Sin embargo, no ve saludable una “componenda” en la que dos partidos políticos o dos líderes de la política continúen repartiéndose cuotas de poder, incluso, uno con mayor ventaja sobre el otro, algo que, por demás, no tiene lógica.

“Las negociaciones entre los actores políticos son necesarias y hasta indispensables en cualquier sistema democrático, en el caso actual también es necesaria”, señala Álvarez, quien, sin embargo, distingue dos tipos de negociaciones.

“Una cosa es negociar para repartirse municipalidades y mediatizar las protestas populares, lo cual es condenable; y otra cosa es que, una vez que el CSE resuelva el problema que creó conforme a derecho y reconozca los votos de uno y otro partido, se negocie para replantearse la situación nacional”, explica.

A juicio de Álvarez, ese “replanteamiento de la situación nacional” pasa por una profunda reforma al sistema electoral nicaragüense, que quedó altamente cuestionado en estos comicios municipales.

¿Anulación o negociación?
Por otra parte, algunos actores políticos consideran que la iniciativa de ley que impulsaron los diputados del PLC ante la Asamblea Nacional, para anular las elecciones, fue sólo un instrumento de presión para obligar al CSE a revelar los verdaderos resultados electorales.

En respuesta a esa iniciativa, el Frente Sandinista, a través de los magistrados electorales, habría presionado para acelerar la declaración de electos, lo cual ocurrió el pasado jueves por la noche, y no el 5 de diciembre como estaba planificado conforme con el calendario electoral.

La iniciativa de ley aún está “viva” en el Parlamento, y desde ya se vislumbra una nueva negociación, sin embargo, los resultados de ésta son incalculables.

El escenario posible
Si las bancadas del PLC, Democrática Nicaragüense y Movimiento Renovador Sandinista, MRS, reúnen los 47 votos para aprobar la iniciativa de ley anulando las elecciones municipales del 9 de noviembre, con la oposición de dos miembros del FSLN en la Junta Directiva y los 38 diputados de este partido político, es casi seguro que el titular del parlamento, René Núñez, alegará un conflicto de poderes y pedirá que la Corte Suprema de Justicia lo resuelva.

Por otra parte, los liberales, que tienen 8 magistrados en la CSJ, podrían sumir en una nueva crisis a este poder del Estado o sufrir nuevas escisiones, pero mientras tanto, el CSE va a proclamar a todos los alcaldes electos el 5 de diciembre.

Si la CSJ se estanca o admite el recurso de conflicto entre poderes, los magistrados tienen un lapso de tres meses para resolver, tiempo durante el cual los alcaldes juramentados estarían en disposición de asumir sus cargos, el 10 de enero de 2009.

El gran reto para el PLC es si los alcaldes que le asignó el CSE están dispuestos a no asumir el cargo o se rebelarán contra sus dirigentes y se integrarán a sus respectivas alcaldías.

Otra posibilidad es que los mismos alcaldes electos recurran de inconstitucionalidad contra la ley, en caso de que se apruebe.


La otra crisis
La iniciativa de ley ha creado un nuevo frente de conflicto, pues mientras los diputados liberales insisten en que el plenario es soberano, los constitucionalistas consideran que la Asamblea Nacional no está facultada para anular los comicios ni sus resultados.

Para Gabriel Álvarez, efectivamente, el Parlamento nicaragüense no tiene potestad para decidir sobre aspectos que le competen única y exclusivamente al Poder Electoral; sin embargo, explicó que los diputados podrían “anular” las elecciones sin utilizar esa figura.

Según Alvarez, los diputados sí tienen facultad para declarar “inexistentes” los comicios municipales, aunque no explicó con claridad cómo se aplicaría esa figura.

El constitucionalista señala que, una vez declarada “la inexistencia” de los comicios, la Asamblea Nacional debería mandar al CSE a convocar a nuevas elecciones.

“Sabíamos lo que hacíamos”

Las especulaciones sobre un acuerdo político, al margen de los resultados electorales, queda aún más evidente con las declaraciones que un magistrado liberal dio EL NUEVO DIARIO la semana pasada.

El magistrado del Consejo Supremo Electoral, CSE, de tendencia liberal, René Herrera Zúñiga, dijo en esas declaraciones que “un buen número de las personas (directivos del PLC) saben perfectamente bien qué es lo que hice, cómo lo hice y por qué lo hice”, en referencia a su actuación, al respaldar los resultados electorales con su presencia en las comparecencias públicas.

Herrera fue claro al señalar que “aquí no hay dinero de por medio ni hay prebendas; ésta es una decisión estrictamente política”.

“Yo comprendo que hay algunos dentro del partido (PLC) que no saben y que no entienden de qué se trata”, dijo Herrera en referencia a toda su actuación, lo que deja a la interpretación la posibilidad de una negociación política que se manejó a otros niveles, cuyos alcances son desconocidos, incluso, por los candidatos que participaron en la contienda.

Las divisiones internas en el PLC ya comenzaron, pues los magistrados Herrera Zúñiga, José Marenco Cardenal y Julio Osuna, ya fueron “excluidos” de ese partido político.

De confirmarse las negociaciones entre Alemán y Ortega, varios de los diputados del PLC no votarían a favor de la iniciativa de ley para anular las elecciones municipales; a menos que el mismo Alemán lo permita; el presidente del Parlamento, René Núñez plantee el conflicto entre poderes y se traslade la situación a la Corte Suprema, donde podría ocurrir una nueva negociación.

Con este escenario, se confirmaría la tesis del constitucionalista Gabriel Álvarez, en el sentido de que se continuaría negociando sobre la base de instituciones débiles. Una crisis pasa de una institución a otra, y, finalmente, se imponen las consideraciones políticas más que las institucionales y legales.