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Una nueva discusión se avecina para dilucidar si la Asamblea Nacional tiene o no facultades para anular una elección, considerando que la Constitución Política de la República de Nicaragua otorga esa potestad al Consejo Supremo Electoral, CSE, cuya ley, incluso, es de rango constitucional.

El asesor de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Oscar Carrión Orozco, junto al abogado Uri Rojas Videa, sostiene la tesis de que “es absurdo confundir una facultad legislativa de la Asamblea Nacional con una función administrativa del Consejo Supremo Electoral”.

Para fortalecer su tesis, ambos juristas sostienen que “la Asamblea Nacional legisla, y el CSE resuelve; y por tanto, una ley de declaración de nulidad de las elecciones es un acto legislativo de naturaleza totalmente diferente, en su esencia y formación, a una resolución administrativa de declarar electos, que es un acto administrativo”.

Los juristas alegan que el Parlamento está facultado para anular los comicios, basados en la “división de poderes” establecida en el artículo 129 de la Constitución.


La Constitución
“El artículo 129 de la Constitución establece que ‘los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí... subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución’. Observamos dos elementos esenciales: a) la independencia de los poderes, en el ejercicio de sus atribuciones, y b) la subordinación única a la Constitución Política”, explican los juristas.

Para defender su tesis, Carrión y Rojas señalan que “en consonancia con esta separación de poderes, la Constitución establece los principios de exclusividad de las funciones de cada poder, así: la Asamblea nacional, su función privativa es legislar”.

“El artículo 173 de la Constitución y el diez de la Ley Electoral establecen las atribuciones técnicas del Consejo Supremo Electoral, que le dan exclusividad, porque ningún otro Poder del Estado puede organizar elecciones. Estas normas excluyen la posibilidad de recurrir en contra de las resoluciones administrativas del Consejo Supremo Electoral en materia electoral. Protegen el carácter definitivo de estas resoluciones.

Pero la disposición de exclusividad de dictar resoluciones de última instancia, frente a las que no cabe recurrir, no es una exclusividad legislativa, ya que ésta le pertenece de manera absoluta a la Asamblea Nacional; una ley no es un recurso”, señalan los abogados en su tesis.


Solís rechaza
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, calificó de “disparate jurídico” la pretensión de los diputados de anular las elecciones municipales mediante ley ordinaria.

“La Asamblea Nacional no puede arrogarse, mediante una ley ordinaria, facultades que la Constitución no le da. Todo lo contrario, es violatoria de la Constitución, porque esa es una facultad exclusiva del Consejo Supremo Electoral”, explicó Solís al ser entrevistado por varios medios de comunicación.