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Los colectivos que realizan vigilancia residencial o domiciliar en el país, no pagarán licencia para operar y solo tendrán que mantener una comunicación con el jefe de sector de la Policía Nacional, correspondiente al Distrito donde prestan seguridad, dijo a El Nuevo Diario, el diputado Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.

En una reciente iniciativa denominada “Ley de Seguridad Privada”, introducida al parlamento nicaragüense el 12 de noviembre, se proponía en su artículo 27, inciso b, que los colectivos de vigilancia residencial deberían cancelar, para la emisión y renovación de licencias de operación, la cantidad de C$3,000.

Pero según el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, la iniciativa que será aprobada en el primer trimestre de 2015 no afectará en nada a los colectivos de seguridad, porque no tendrán que inscribirse ni registrarse, “solo tendrán un control de la Policía Nacional en el territorio”, reafirmó.

“Ellos no venden servicio, ellos cuidan, ellos se organizan en la comunidad para cuidar; y la comunidad no paga, los colectivos no pagan licencia”, dijo Rodríguez, uno de los legisladores creadores de la iniciativa que ya se encuentra en la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.

Otra relación

El diputado explicó, sin embargo, que las personas que contraten a un mínimo de tres vigilantes en sus fincas o haciendas, sí tendrán que pagar 1,000 córdobas por cada uno de los vigilantes.

Rodríguez aclaró que a los colectivos no se les cobrará porque su trabajo consiste en proteger a la comunidad. “No tienen porqué tener licencia ellos”.

Las consultas

El diputado sandinista señaló que en los últimos días de enero del próximo año iniciarán las consultas a la iniciativa, para a finales de marzo tener un dictamen sobre la propuesta que busca regular a aproximadamente 160 empresas que ofrecen el servicio de seguridad a nivel nacional.

Rodríguez añadió que por el número de empresas que prestan este servicio, esa Comisión parlamentaria realizará la consulta en tres niveles: a las grandes, medianas y pequeñas empresas de seguridad. Mencionó que los colectivos de seguridad no serán consultados por la Comisión.

Rodríguez dijo que el Proyecto de Ley de Seguridad Privada busca clasificar a las empresas de vigilancia de acuerdo a los servicios que ofrecen.

Explicó que es en correspondencia a esos servicios que las empresas de seguridad pagarán el costo de las licencias. “El costo de la licencia va a variar de acuerdo al tipo de servicio; porque hay empresas que llenan de 4 hasta 5 categorías, como las que ofrecen la instalación de vallas eléctricas de seguridad, sistemas de vídeo, custodia de valores y seguridad física”, dijo.

El diputado reconoció que en algunas empresas de seguridad privada se violan los derechos al Seguro Social, y la ley también incluirá esa regulación.

 

160 empresas de seguridad privada ofrecen este servicio a nivel nacional

3 mil córdobas costará una licencia para operar el servicio de seguridad.