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Crisis institucional: “Una tormenta perfecta”

Ary Neil Pantoja
Los diputados liberales están empecinados en aprobar la ley que anula las elecciones municipales del pasado nueve de noviembre, aún a sabiendas que el caso llegará irremediablemente a dirimirse en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, donde, seguramente, provocará una parálisis del sistema judicial, agudizando la ya existente crisis institucional.

Para hoy está programada una reunión de Junta Directiva, de la que se espera surja la convocatoria para reanudar las sesiones plenarias en el Poder Legislativo. Los puntos de agenda prioritarios para la oposición son la ley para anular las elecciones municipales y la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, para garantizar la vigencia de las cédulas de identidad de los votantes de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.

No hay garantía de que el presidente del Parlamento, René Núñez Téllez, mantenga su palabra y podría darse una nueva suspensión del encuentro; sin embargo, los cuatro miembros de la directiva que pertenecen a las bancadas opositoras asumirían la conducción del legislativo, así lo advirtió el primer secretario y diputado liberal, Wilfredo Navarro Moreira.

Profundización de la crisis
Algunos diputados avizoran un “escalamiento” de la crisis a niveles que obliguen a los liberales a negociar con el Frente Sandinista, dominado por el presidente Daniel Ortega. El liberal y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Bernard Pallais Arana, no descarta que el impasse legislativo sea una estrategia más del FSLN para presionar a la oposición.

Pallais considera que esa presión podría llevar a la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, a un nuevo pacto, para hacerlos desistir en su intención de anular las elecciones municipales, algo que quiere evitar a toda costa el FSLN.

En caso contrario, el legislador no descarta que se logre la aprobación de la ley para abolir los comicios, pero es casi seguro que el FSLN, o incluso, los alcaldes electos, recurran de inconstitucionalidad contra la ley. Además, el mismo presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, podría invocar el conflicto entre poderes, con base en la Ley de Amparo.

Una ruta incierta
En cualquiera de los casos, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, deberá dirimir el conflicto. Considerando que sólo la Corte Plena puede resolver el diferendo, el caso podría dormir el sueño de los justos en las gavetas del Poder Judicial.

No obstante, conforme con la Ley de Amparo, los magistrados tienen 30 días para resolver, de lo contrario la ley que cancela las elecciones debería entrar en vigencia. Eso le da un mes de respiro al FSLN para buscar una solución negociada.

“El Frente Sandinista lo que quiere es crear una ‘tormenta perfecta’, para luego salir negociando”, expresa escuetamente el diputado Pallais Arana.

Pallais rechaza los señalamiento sobre una “crisis ficticia” que concluirá en un nuevo “pacto ortega-arnoldista”. “La crisis es real y de ficticia no tiene nada, porque el fraude electoral es evidente”, alega.


FSLN se resiste
“No contribuiremos a un delito”

“Anular las elecciones municipales viola le Ley Electoral y la Constitución Política, y eso constituye un delito”, dice diputado Wálmaro Gutiérrez.

Para el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Wálmaro Gutiérrez Mercado, la solución es sencilla: “La oposición debe aceptar los resultados de los comicios oficializados por el único órgano facultado para ello, el Consejo Supremo Electoral”, señala.

Hacer algo contrario a esta disposición, para Gutiérrez, es simplemente ir “contra la corriente” y hasta violar las leyes de la materia, e incluso la misma Constitución Política.

“Los diputados del Frente Sandinista no vamos a ser cómplices de una acción delictiva y aprobar –siquiera proponer-, una iniciativa de ley que anule la voluntad popular; eso es violatorio de la Ley Electoral que tiene rango constitucional”, explica Gutiérrez.

Asimismo, respalda la posición del presidente del Parlamento, René Núñez, de negarse a convocar a reunión de directiva para luego reanudar el trabajo legislativo. Incluso, el legislador del FSLN considera imperante retomar la labor parlamentaria con una agenda que no incluya la iniciativa de ley para cancelar los comicios municipales.

Además, asegura que las bancadas opositoras no cuentan con los 47 votos para autoconvocarse y menos para aprobar la referida ley. Es más, según Gutiérrez, “no todos los diputados liberales apoyan la anulación de las elecciones municipales”.

Para Gutiérrez, “el proceso electoral ha culminado, ya hay una declaración de electos y lo único que queda es la toma de posesión de los cargos en enero próximo, por tanto el tema electoral es algo que ya dejó superado el Consejo Supremo Electoral en base a la Constitución Política de Nicaragua”.

Según el legislador, “cualquier otro esfuerzo que se quiera hacer al margen de lo establecido por el órgano competente es ilegal, totalmente inconstitucional y nosotros no participamos, ni creemos que sea correcto que se utilice la Asamblea Nacional para delinquir”.

En el aspecto administrativo, Gutiérrez retó a los diputados opositores a autoconvocarse “si es verdad que cuentan con los 47 votos” para ello.

“Creo que es correcto que los diputados hagan prevalecer el estado de derecho, la Constitución y la Ley Electoral, y que esta Asamblea Nacional no se preste al escalamiento de crisis que pretenden hacer algunos diputados liberales”, añadió.

Convocatoria ilegal
Por otra parte, Gutiérrez justificó la negativa del presidente del Parlamento, René Núñez, de convocar a reunión de Junta Directiva, en el hecho de que la Primera Secretaría impulsa “una convocatoria ilegal, porque pretenden consumar una acción de carácter ilegal e inconstitucional y pretende instrumentalizar este Poder del Estado para cometer un delito”.

Según Gutiérrez, Núñez tiene facultad para negarse a convocar a reunión cuando considere que se intenta violar la Constitución Política. “Está actuando en lo que compete a sus facultades, evitando a toda costa que este Poder del Estado pueda ser sometido a que impulse un delito”, señaló.


Tünnermann propone solución
“Hacia una nueva Ley Marco”

“Para resolver la crisis, el presidente Daniel Ortega debe actuar como un estadista y no como un activista partidario”, dice el jurista
Pese al sombrío panorama, siempre está la esperanza de la luz al final del túnel. Una de las soluciones propuestas –aunque no la mejor-, es una nueva y tercera Ley Marco que garantice, por un lado, el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas, lo que sugiere la anulación de las elecciones municipales; y por el otro, que se convoque a una nueva elección con observadores nacionales e internacionales.

La propuesta fue hecha por el jurista Carlos Tünnermann Bernehim, quien apoya la imperante necesidad de una solución política, aunque prevalezca sobre la salida jurídica.

“Lo ideal sería que la crisis tenga una solución jurídica; esto implica que el Consejo Supremo Electoral acepte el reconteo de votos y el cotejo de actas bajo supervisión nacional e internacional; y que el presidente Daniel Ortega asuma una postura más de estadista y menos de activista partidario, apoyando esa decisión”, señaló Tünnermann.

La otra solución que propone el jurista es la política, y tiene dos variantes. La primera es lograr la aprobación de la Ley que anula las elecciones municipales y convocar a una nueva elección; sin embargo, esta alternativa tiene la debilidad de que quienes no estén de acuerdo recurran ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, desconociendo la ley y agudizando el conflicto.

La segunda variante se refiere a un acuerdo político que conlleve la aprobación de una Ley Marco, que bien incluya el recuento de votos y cotejo de actas; o la convocatoria a una nueva elección municipal con observadores nacionales e internacionales.

“No es la mejor solución, pero sería sana. Ya hay antecedentes de dos leyes marco, una en 1995 durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro; y la otra durante el gobierno del Presidente Enrique Bolaños Geyer”, recordó Tünnermann.

En cualquiera de las dos alternativas que se escojan, Tünnermann llamó a los dirigentes políticos, y particularmente al presidente Daniel Ortega, en su calidad de primer mandatario de la nación, a asumir una posición “madura y pensando en lo mejor para Nicaragua”, sobre todo por las consecuencias económicas que ha dejado el cuestionado proceso electoral.


Votos en fuga
Por ahora, la crisis parece estar del lado del FSLN, pues en las últimas horas varios diputados, entre aliados del PLC e independientes, han declinado votar a favor de la iniciativa de ley para anular las elecciones municipales.

Las propuestas de diálogo o acuerdo nacional van y vienen en una suerte de incertidumbre en la que podría pasar cualquier cosa.

Guillermo Osorno Molina, del partido Camino Cristiano Nicaragüense, CCN, y los “independientes”, Mario Valle y Juan Ramón Jiménez, tampoco se quieren arriesgar al apoyar una ley que podría ser inconstitucional y que a la postre podría agudizar la crisis, más que solucionarla.

Los seis legisladores de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, continúan aparentemente divididos, pues dos de ellos podría apuntarse para respaldar la anulación de los comicios, mientras cuatro de ellos se mantienen firmes en votar contra la mencionada ley.

El diputado y secretario nacional del PLC, Francisco Aguirre Sacasa, ha llamado a un acuerdo nacional, pero fue desautorizado inmediatamente por el vicepresidente del partido, Wilfredo Navarro Moreira, alegando que “el recuento de votos no es negociable”. Esta situación hace pensar que también en el PLC hay posiciones divididas y hasta antagónicas.

Esto indica que los legisladores de la oposición aún no cuentan con los votos requeridos para aprobar la ley y anular las elecciones municipales.