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Dirigentes de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada, que aglutina a más de 100 empresas de ese gremio a nivel nacional, se mostraron inconformes ayer con algunos aspectos de la iniciativa de ley de seguridad privada porque, entre otras cosas, pide a los empresarios de este gremio, información completa de quienes integran sus juntas directivas.

La Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional consultó ayer la iniciativa de Ley de Seguridad Privada con los medianos empresarios del sector de seguridad privada.

A criterio de Agustín Pineda Rivera, presidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada, la iniciativa presentada por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, roza con un aspecto que viola un principio de confidencialidad empresarial.

"Porque ahí se habla de regular incluso hasta la gerencia; (señala) debemos pedir autorización al ente regulador (la Policía Nacional) para que podamos tenerla y que informemos quiénes son nuestros socios, lo cual nos parece incorrecto”, se quejó Pineda Rivera.

Según el líder empresarial, este punto tiene que ser revisado en la Comisión de Gobernación porque no consideran relevante el manejo de esa información para regular su funcionamiento, que recordó, es el objetivo de la ley.

“Para registro”

Por su parte el diputado Filiberto Rodríguez, vicepresidente de dicha comisión, dijo sobre este punto que la autoridad de ejecución de la ley debe saber de los socios de estas empresas de seguridad, para levantar el registro que la iniciativa pretende que se cree.

"Tenemos que saber qué tipo de armas tienen, el tipo de seguridad que ofrecen, no venimos a preguntar a los socios que si son casados o cuántos hijos tienen, porque después ¿con quién se va a entender la autoridad que va a regular la ley? Entonces ese el propósito de saber sobre cómo están conformadas estas empresas", explicó Rodríguez.

Según Pineda Rivera, esta crítica al proyecto de ley no significa que su organización está en contra de la iniciativa que busca regular a las empresas que ofrecen el servicio de seguridad privada a nivel nacional.

Asimismo, Rodríguez explicó que el proyecto de ley de seguridad privada busca también clasificar a las empresas de vigilancia de acuerdo a los servicios que ofrecen, pues en dependencia de ello, definirán los costos de licencias de operación que pagarán.

“Hay empresas que llenan de 4 hasta 5 categorías como la instalación de vallas eléctricas de seguridad, sistema de video, custodia de valores y seguridad física. Entonces eso hay que verlo”, destacó.