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El presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, expresó ayer que “las elecciones son un derecho sólo para los nicaragüenses y donde nadie debe entrometerse”, en alusión a las presiones de la comunidad donante internacional, que en los últimos días ha congelado la cooperación económica destinada a Nicaragua, hasta que se solucione la crisis política causada por las denuncias de fraude en las votaciones municipales. Más adelante dejó la puerta abierta para un referendo acerca de la voluntad popular que cree que hubo fraude.

“Nuestro país está sufriendo. Yo he visto a algunos representantes de la comunidad internacional hablar de que dan a Nicaragua 90 días, aunque nosotros sabemos que las elecciones son un derecho de los nicaragüenses y donde nadie debe entrometerse”, dijo el magistrado Rivas.


No se entrometan, pero les explica
Sin embargo, con la intención de cambiar la percepción de los organismos de cooperación, Rivas dijo que habló el martes con el canciller Samuel Santos, para que le explique a la comunidad donante qué fue realmente lo que ocurrió el nueve de noviembre.

Rivas llegó a la Fiscalía General de la República a interponer una acusación contra 39 ciudadanos que, según él, el nueve de noviembre votaron en la mañana en los municipios de Muy Muy, Matiguás y Río Blanco, y por la tarde se fueron a verificar en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, para votar en las elecciones municipales del próximo 18 de enero.

El presidente del CSE también le pidió al Canciller de la República que les envíe a los distintos representantes de la comunidad internacional una copia de esas denuncias y de las pruebas correspondientes.

Problemas con el artículo 41
El magistrado aclaró que lo que pasó con esas 39 personas está relacionado con el artículo 41 de la Ley Electoral, porque ellos ejercieron su derecho al voto con base en ese artículo, sin demostrar que residían en la RAAN.

La denuncia fue recibida por el inspector general del Ministerio Público, Armando Juárez, y por la secretaria ejecutiva de esa misma institución, Delia Rosales.

Más denuncias
Rivas adelantó que en los próximos días va presentar otras pruebas que tienen de distintos hechos irregulares que ocurrieron en las elecciones del nueve de noviembre pasado.

El magistrado no acusó a ningún partido específico sobre el traslado de esos 39 ciudadanos, sin embargo, en el cierre legislativo del lunes, cuando anunció que iba hacer esas denuncias, dejó ver la posibilidad de ir contra el ex candidato a alcalde del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Eduardo Montealegre.

PLC se pronuncia
Por su parte, el PLC calificó de ridícula, con falta de toda credibilidad y a destiempo esa denuncia por delitos electorales que presentó el CSE contra esos 39 ciudadanos.

“Los que cometieron delito electoral son los magistrados electorales que pretenden robarse la voluntad del soberano mediante un fraude electoral burdo y masivo antes, durante y después de la celebración de las elecciones”, se lee en el comunicado de prensa del Partido Liberal.

Observadores en la RAAN
Sobre la observación electoral, Rivas dijo que ya están incorporados como observadores electorales el Centro de Desarrollo de la Costa Atlántica, Cedeca, y las iglesias moravas, pero el caso de Ética y Transparencia y del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, aún no lo han valorado.


CSE aceptaría un referéndum
El magistrado Roberto Rivas aclaró que nuestra legislación no permite a estás alturas un recuento de votos, sin embargo, aceptó que existe la posibilidad de hacer un referéndum para solucionar la crisis por las acusaciones de un fraude electoral.

Rivas explicó que la legislación del Estado de Nicaragua establece un mecanismo para hacer un referendo. De acuerdo a la ley, ese tipo de consultas debe ser aprobado en la Asamblea Nacional por las dos terceras partes, y al CSE le corresponde en un término de 90 días poner todas las reglas de juego.