Ary Pantoja
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El denominado “Bloque contra la Dictadura”, integrado por los diputados de las cuatro bancadas parlamentarias de la oposición parece desboronorse, luego que hoy, por segunda ocasión, no tuvieron los votos necesarios para sesionar y aprobar tres iniciativas de ley para “restablecer” el orden constitucional y restituir las facultades del Poder Legislativo.

Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, y de la Bancada por la Unidad, enfrenta un resquebrajamiento de su alianza estratégica, luego que los legisladores del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, amenazaron con abandonar el “bloque” opositor si los liberales insisten en impulsar una ley de amnistía que beneficie a Arnoldo Alemán y a Eduardo Montealegre.

Esta mañana en la sede del legislativo cuatro diputados no asistieron oficialmente a la sesión ordinaria.  Otros cinco diputados llegaron al parlamento, pero no se hicieron presentes en el hemiciclo de sesiones, lo que levantó serias sospechas entre sus colegas saobre su ausencia.

Ayer, ocho diputados del PLC no asistieron al Parlamento y tampoco pudieron sesionar por el mismo problema: falta de quórum.

Acusaciones y contraacusaciones es la tónica entre los presentes y los ausentes.  Todos se acusan de “pactar” secretamente con el partido de gobierno, el Frente Sandinista, pero al final el resultado es el mismo, no hay sesión y los diputados de la oposición no han podido restablecer el orden.

La crisis  entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se originó luego que la oposición aprobó la Ley 630 para derogar los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, que creó el Presidente de la República, Daniel Ortega, a través de una reforma -que los mismos opositores respaldaron en enero pasado-, a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

La Ley 630 fue vetada por el mandatario nicaragüense y con el voto opositor de 52 diputados el veto presidencial fue rechazado.  Mediante un recurso de amparo, la Sala Constitucional, integrada por magistrados del partido de gobierno, dejaron sin validez la Ley 630 manteniendo vigentes los CPC.