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El primer aviso llegó a través de un escrito de la poderosa primera dama Rosario Murillo. Fue un artículo publicado en el oficialista semanario “El 19”, y, desde donde Murillo “dictó sentencia” para que el Ministerio de Gobernación “ejecutara”. Así comenzó la persecución oficial del gobierno en contra de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG.

Un obediente director de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Migob, Gustavo Sirias Quiroz, dijo en una conferencia de prensa que serán citados los representantes de 703 organismos y asociaciones no gubernamentales que están inactivos, por no haber presentado los debidos informes de juntas directivas y financieros; así como los representantes de seis organizaciones, que según él, “operan ilegalmente”, al no estar inscritas en la dirección a su cargo.

Los ataques de Murillo fueron dirigidos contra el Movimiento Autónomo de Mujeres, la Coordinadora Civil, la Red de Mujeres contra la Violencia, la Alianza por la Biodiversidad en Nicaragua, la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua y la Comisión Nacional de Lucha contra el Sida desde la Sociedad Civil, organismos que trabajan y actúan “por la libre”. En contra de estas organizaciones dirigió su ataque Sirias Quiroz.

”Para que no digan”
“Nosotros no queremos ser duros con esto, para que no digan que estamos en persecución de las ONG, es por eso que citamos a los representantes legales, y en última instancia asistiremos a los lugares donde están operando, para señalarles que deben regular su situación legal, que es lo que pretendemos dentro del plan de control”, intentó justificar el “obediente” funcionario.

Los argumentos esgrimido por Sirias son las irregularidades en cuanto a la recepción de fondos por parte del Movimiento Autónomo de Mujeres, pues no tiene personalidad jurídica y recibe los fondos del organismo internacional Oxfam Gran Bretaña, a través del Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco.

“Cinco y el Movimiento Autónomo de Mujeres suscribieron un convenio para triangular los fondos de Oxfam, es decir, Cinco recibe los montos de Oxfam en su cuenta en Bancentro y se los traslada al Movimiento Autónomo de Mujeres, que no existe jurídicamente”, manifestó el director de Registro y Control de Asociaciones.

Un boletín dedicado a ONG
Curiosamente, la conferencia de prensa del director de Registro y Control de Asociaciones se realizó un día después de que el medio de comunicación oficial del gobierno sandinista, “El 19”, dedicara como tema investigativo de su boletín número tres, la primera entrega de una serie titulada “Operación no más mentiras. El triángulo de la injuria”, en la cual señalan que “Cinco y el Movimiento Autónomo de Mujeres reciben dólares para desprestigiar al gobierno del presidente Daniel Ortega”.

En el mismo boletín se califica, en otro artículo, a Sofía Montenegro, Directora de Cinco como “agente que forma parte de un articulado plan que pretende aislar al líder nicaragüense e impedirle proyección internacional”, refiriéndose a la marcha realizada por mujeres feministas en Honduras que no apoyaban la presencia del presidente Ortega en su país, y en un tercer artículo titulado “Las ONG, modernos caballos de Troya”, expresan: “Las organizaciones de la sociedad civil realizan una labor desestabilizadora y son instrumentos de la política neoliberal”.

Un extenso artículo de opinión de la Primera Dama cierra la publicación del boletín. En esta primera entrega, titulada “Claves para entender a la Derecha”, Murillo destaca que “los hilos de la red son organizaciones norteamericanas que crean y abanderan a la ‘Sociedad Civil’, que reciben enormes financiamientos para seguir un guión donde son actores que preparan campañas mediáticas contra los gobiernos revolucionarios”.

Otros actores, según la Primera Dama, son los organismos internacionales de cooperación, embajadas, vocerías de movimientos y organizaciones que actúan en la saga del filme “Elecciones Limpias ¡YA!”

Derecho Constitucional
Tanto Mario Quintana, enlace de la Coordinadora Civil, CC, como la licenciada Sofía Montenegro, del Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco, coincidieron en que es un derecho constitucional de los nicaragüenses organizarse, tal como está cifrado en los artículos 48 y 49 de la Constitución, y con base en la Ley de Participación Ciudadana.

“Este señor tiene facultad y competencias administrativas, y aquí están inflando un gran globo poniendo en cuestión el derecho de la sociedad nicaragüense a organizarse como quiera, algo que garantiza la Constitución Política; básicamente están haciendo desde un trámite administrativo acusaciones o intimidaciones que responden al ámbito penal”, expresó la licenciada Montenegro.

“Las declaraciones --continuó Montenegro-- son aparte de absurdas, abusivas y temerarias, porque aquí lo que hay es una insinuación de pasar esto al ámbito penal, como si nosotros estamos haciendo lavado de dinero, que es algo que nosotros refutamos total y completamente.

Aparentemente, ni este funcionario ni el gobierno conocen la Constitución; el Movimiento Autónomo de Mujeres no es una ONG, es un movimiento social, y obtuvo estos fondos después de concursar con un proyecto. Estos fondos que se reciben están abiertos para organizaciones civiles con personería o sin ella, y por eso surgen alianzas y convenios de sociedad civil que la Constitución avala”.

“Vuelve la mula al trigo”
Quintana dijo que en mayo sostuvieron una reunión con la ministra de Gobernación para abordar precisamente declaraciones del mismo funcionario alrededor de la personalidad jurídica de la Coordinadora Civil.

También señaló que el Migob y sus funcionarios, así como otros responsables, “deben contribuir de forma beligerante a instar la participación ciudadana para ponernos de acuerdo y sacar a Nicaragua de la situación en la que se encuentra”.

“No es con persecución o estigmatizando a las organizaciones que se enfrentarán los problemas que tiene el país, en la Coordinadora Civil siempre hemos estado dispuestos a contribuir con análisis en múltiples temáticas, como el Presupuesto General de la República, los presupuestos destinados a Salud, Educación, equidad de género, evaluación de la pobreza, gestión de riesgo; no estamos en función de atacar al gobierno o a partidos políticos, pero tampoco defendemos a nadie, señalamos las fallas que hay y apoyamos las acciones buenas que se realizan”, comentó Quintana.

Los ataca el pacto de corruptos
“Cualquier cosa podemos esperar del gobierno, sin embargo, eso no nos asusta. Lo tomamos de donde viene, desde un juego político de quienes, como parte del pacto liberosandinista y de la corrupción en medio de intereses políticos electorales, derogaron el aborto terapéutico y luego lo penalizaron”, dijo María de Jesús Tenorio, representante de la organización Sí-Mujer, y militante del Movimiento 28 de Septiembre, MM 28 S.

Señaló que todo ha sido una revancha contra el movimiento femenino por ser la instancia que ha denunciado internacionalmente, con el apoyo de organizaciones de mujeres de otros países, los atropellos a los derechos de las mujeres al penalizar el aborto terapéutico y el abuso de Daniel Ortega contra su hijastra. Por eso es que en al menos cinco países el mandatario nicaragüense ha sido repudiado.

El derecho a organizarse
Patricia Orozco señala, por su parte, que el Movimiento Autónomo de Mujeres es una organización autónoma y social, amparada bajo el derecho constitucional de organizarse.

“No somos una ONG, por tanto la Ley 147 no rige nuestra actuación. Parece que el señor de Asociaciones de Gobernación no conoce la diferencia entre una ONG y un movimiento social”, expresó.

El jurista Sergio García Quintero, asesor legal del MM 28 S, comentó que en Nicaragua hay una guerra contra las ONG, y en especial contra las organizaciones de mujeres, gracias a una Primera Dama de la República que se ha constituido en la enemiga número uno de las feministas de Nicaragua.

“Enmarcado en el actual ‘puritanismo’ jurídico nacional, parece que se pretende investigar el estatus de cada organización no gubernamental. Estoy de acuerdo en que todo lo que marche mal tiene que ser corregido, al igual que los gravísimos males cometidos por las instituciones estatales”, dijo el doctor García Quintero, agregando que otra cosa es el acoso por revanchismo.

Cinco se sigue preguntando: ¿Cuál es el delito?
A casi cuatro meses de iniciado el acoso legal, la Fiscalía General de la República aún no explica a los nicaragüenses bajo qué delitos inició un proceso de investigación en contra de Cinco, tras haber suscrito un convenio de cooperación con MAM, financiado por el Fondo Común para la Gobernabilidad que integran al menos ocho países cooperantes, administrado por Oxfam.

Desde que Murillo “orientó” la investigación a inicios de septiembre, la Fiscalía no ha sido clara en sus señalamientos, y no profundiza en una serie de delitos que van desde el lavado de dinero, acción vinculada al narcotráfico, hasta “actividades ilícitas”, sin embargo, no ha presentado pruebas o acusaciones.

Los directivos de Cinco están demandando a la Fiscalía “que regrese a la ONG los 15 mil folios de documentos contables, los documentos privados y los cinco CPU que de forma abusiva requisó durante el allanamiento del 11 de octubre”.

“Los proyectos que ejecuta Cinco con fondos de la cooperación internacional son enteramente transparentes, y están sujetos a auditoría por parte de los donantes; la Fiscalía no puede sustituir a los donantes en esta función de auditoría o revisión, pues entonces eso quiere decir que están interviniendo organizaciones privadas para realizar acciones de espionaje político”, expresó Carlos Fernando Chamorro, Presidente de Cinco y Director de los programas Esta Semana y Esta Noche que se transmiten en Canal 8.

Recursos de amparo y emplazan al Fiscal
Desde el pasado 21 de octubre, Cinco presentó una carta pública al fiscal Julio Centeno Gómez, para que se pronunciara sobre los hechos acontecidos y desestimara la investigación, por cuanto él mismo declaró, no debió haber pasado del plano administrativo. Pero Centeno prefirió guardar silencio.

El seis de noviembre Cinco introdujo un recurso de amparo en contra de la actuación de la juez Ugarte, que incluye la orden del levantamiento del sigilo bancario y el allanamiento a Cinco.

Chamorro, miembro de la Junta Directiva del Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco, enfatizó que la presión y persecución de la que son víctimas no son más que una revancha, ya que su organización, al igual que otras, ha osado criticar al gobierno.

Según Chamorro, Cinco está establecido como un centro de investigación en temáticas relacionadas a cultura, comunicación y democratización, que en 13 años ha producido más de 26 investigaciones en las áreas de comunicación y democracia, actores sociales y cultura política, así como el tema de democracia y gobernabilidad.

Chamorro mencionó que desde la toma de posesión del presidente Daniel Ortega no sólo ellos han sido perseguidos por el gobierno, sino también la Red de Mujeres contra la Violencia, el poeta Ernesto Cardenal, el cantautor Carlos Mejía Godoy, diputados, periodistas y el Movimiento Renovador Sandinista, entre otros, por el simple hecho de diferir o criticar las incoherencias de las políticas gubernamentales.

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