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El tiempo se agota para los diputados de la oposición que intentan revertir los resultados de las cuestionadas elecciones municipales del 9 de noviembre pasado, y una vez que los alcaldes, vicealcaldes y concejales electos asuman sus cargos, cualquier intento por anular los comicios será un fracaso.

Según el experto en derecho constitucional, Cairo Manuel López Sánchez, “los diputados debieron aprobar la Ley de Nulidad de las Elecciones hace bastante tiempo”, para luego convocar a un referendo que la validara.

Sin embargo, cuando los alcaldes electos sean juramentados el 15 de enero, ya todo habrá sido en vano. “Los electos dirán que ellos ya fueron juramentados y tienen todos los derechos adquiridos por un funcionario nombrado”, aseguró López durante un conversatorio sobre “Elecciones Municipales y Referendo”, auspiciado por el organismo alemán Konrad Adenauer.


La ley no es retroactiva
El experto explicó que si se retrasa más la aprobación de la Ley de Nulidad, se provocará un conflicto entre una ley futura y la toma de posesión de los electos ante el CSE, “y posiblemente un caso de esa naturaleza tendría que pasar al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el también presidente del Grupo “Pro Justicia”.

Según López, la Corte Suprema podría argumentar que la ley no tiene efecto retroactivo, y, por tanto, “posiblemente invalidaría lo actuado”, es decir, la anulación de los comicios.


El referendo
López considera viable el referendo, pero advierte que previamente debe existir una ley ordinaria o una ley que reforme a la Constitución Política. Es decir, que primero tiene que ser aprobada la Ley de Nulidad, para luego convocar al referendo que la valide.

El referendo está contemplado en la Constitución Política como expresión directa de la soberanía popular, “pero sólo puede ser convocado para confirmar o no una ley ordinaria o una ley de reforma a una ley constitucional o a la Constitución Política”, explicó el ex presidente de la Asamblea Nacional.

Agregó que el referendo es convocado con un tercio de los diputados o con 50 mil firmas de los ciudadanos. “Tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional a través de un decreto, y para validarlo basta con la mayoría simple, es decir, la mitad del total de los diputados presentes”, explicó.


No hay veto del Ejecutivo
Este decreto legislativo no tiene sanción por parte del Poder Ejecutivo. “Es decir, que el Presidente de la República no puede oponer el veto a esa orden”, señala.

Por otra parte, López ve inviable el cotejo de actas de conteo de votos propuesto por la oposición, considerando que “el custodio de las actas ha sido el mismo CSE y este Poder del Estado no presta las suficiente garantía para un proceso electoral transparente”.