•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

Hasta que el veto presidencial que manda a anular la Ley del Buró de Convenciones de Nicaragua, Ley 894, llegue a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, este comenzará "a ser estudiado por los diputados", según la diputada Iris Montenegro, primera vicepresidenta del parlamento.

El presidente Daniel Ortega vetó la Ley 894, aprobada a mediados de enero pasado, cuyo propósito es crear un ente autónomo, de naturaleza pública y privada, para promover la realización de eventos internacionales en el país, facilitando su organización y logística.

Sin embargo, de acuerdo con el veto presidencial, el contenido de la ley está planteado de una manera muy compleja y engorrosa, que impide lograr sus objetivos y sugiere una nueva redacción.

Según la diputada Montenegro, el veto a esta ley primero tiene que pasar por la Primera Secretaría y luego a la Junta Directiva y “solo cuando llegue aquí podemos estudiarlo".

DESACUERDO

Pablo Ferrey Rivera, director general de Asesoría Legislativa, dijo que esta ley se envió a la Presidencia el 2 de febrero de este año y el 13 del mismo mes se recibió el veto en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional.

Cuando pase al plenario vamos a votar en contra de este veto”. Pedro Joaquín Chamorro Barrios, diputado del PLI. 

“El procedimiento que se realizó está bien, los canales que se hicieron son adecuados. Basta esperar que el plenario decida si se rechaza o se acepta el veto", explicó Ferrey.

No obstante, el presidente de la Comisión de Turismo y diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Pedro Joaquín Chamorro Barrios, insistió en que la ley fue vetada quince días después de presentada, lo cual hace que el veto sea “ilegal e inconstitucional”.

Además, reclamó que "Ortega no da argumento de fondo para dar un veto total de esta ley", que recordó fue votada en consenso con los diputados del Frente Sandinista.