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La Ley de Seguridad Privada, que busca ordenar y reducir la informalidad en ese sector, se dictaminó ayer en la Asamblea Nacional. Los diputados ratificaron que se exigirá a las empresas de ese ramo contar con un fondo de US$2,000 para entregar a las familias de los guardas que pierdan la vida en el ejercicio de sus funciones.

“La ley fue ampliamente consultada por todos los sectores involucrados, ahora esperemos que sea aprobada pronto”, dijo ayer Luis Callejas, presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.

En Nicaragua operan unas 144 empresas de seguridad privada, según cifras oficiales.

Regulación completa

La iniciativa establece que las empresas de seguridad privada deberán “colaborar y cooperar con la Policía Nacional en la prevención del delito y el mantenimiento del orden público, para tales efectos deberán proporcionar de forma oportuna la información de interés policial”.

El vicepresidente de la comisión, Filiberto Rodríguez, indicó que el objetivo de la ley es regular el servicio de seguridad privada,  pues de ahora en adelante “el empleador tendrá normas, requisitos que llenar y cumplimientos en la parte social-laboral”.

“Se regularán todas sus formas de operaciones, organización, registros, funcionamiento, armas, depósitos, movimiento y cantidad de personas que prestan el servicio, más los cambios que vayan realizando”, explicó el diputado.

También sugirió a las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios “de manera clandestina” a realizar los trámites correspondientes para evitar inconvenientes.

Otras exigencias

Rodríguez manifestó que exigirán a las empresas de seguridad que cumplan con el “certificado de seguridad social” para tener licencia de operación.

“Hay muchas empresas que no reportan a sus trabajadores al Seguro Social, llevan doble planilla o no los inscriben en el Seguro Social, tampoco reportan a sus trabajadores, todo esto va a terminar”, aseveró el diputado.