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Reacciones a decretazo del Presidente

“Ortega legisla con Constitución de 1987”


* Diputado Enrique Sáenz sugiere tomar medidas drásticas contra el Presidente, entre ellas hasta enjuiciarlo
* Todo tiene su origen en el fraude electoral, comenta doctor Carlos Tünnermann

Matilde Córdoba y Eloisa Ibarra
Diputados y constitucionalistas calificaron de ilegal el decreto presidencial que reforma el Presupuesto General de la República de 2008, debido a que esa facultad le corresponden exclusivamente a la Asamblea Nacional, y por tal razón consideran que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no está obligado a acatar las disposiciones que contiene.

Según el legislador liberal José Pallais, los diputados ante la Asamblea Nacional deben solicitar a la Contraloría General de la República un seguimiento a las decisiones del presidente Daniel Ortega para que se tomen medidas correctivas.

Ortega emitió el decreto presidencial 78-2008 con el que reforma el Presupuesto General de la República de este año, ya que desde hace más de dos meses el Parlamento está paralizado. Ni el partido de gobierno ni la oposición han logrado los votos necesarios para lograr el quórum de ley necesario para iniciar una sesión legislativa.


Caso omiso a reforma
de 1997
“Parece que el presidente está actuando con la Constitución de 1987”, expresó Pallais, refiriéndose a los poderes que la Constitución de 1987, que le confería al mandatario la facultad de legislar mediante decreto en materia económica. Dicho artículo fue reformado en 1997.

El diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Enrique Sáenz sostiene que hay que tomar medidas drásticas contra Ortega, entre éstas enjuiciarlo. “Si lo dejamos pasar sin intentar acudir a cauces institucionales estamos convirtiéndonos en cómplices”.


Un mal precedente
“El Presidente nos está conduciendo a la ley de la selva, a la anarquía. Si él no respeta la ley, los demás tampoco están obligados a respetarla. Mañana puede hacerlo (una reforma vía decreto) con otra medida desde el punto de vista presupuestario”, expresó Sáenz.

A juicio de Carlos Tünnermann, el decreto 78-2008 aprobado por el presidente Daniel Ortega no tiene ningún valor, pues el artículo 112 de la Constitución establece que la reforma al presupuesto es competencia de la Asamblea Nacional, y el hecho de que ese Poder del Estado no esté funcionando no le autoriza al Presidente a pasar por encima.

“El Presidente sigue irrespetando el Estado de Derecho, cierra 2008 con el irrespeto a la ley”, dijo Tünnermann, quien agregó que el mandatario no puede obligar a ningún funcionario, en este caso al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, a violar la Constitución. No hay obediencia debida, cuando existe una violación expresa a la Constitución, expresó.


No hay que acatarlo
Pallais coincide en este punto con Tünnermann. “Hacienda sabe que ese decreto es ilegal y no está obligado a acatarlo”, expresó.

Ésta no es la primera vez que el presidente Ortega reforma leyes vía decreto. En esta ocasión, sin embargo, intentó infructuosamente que la Asamblea Nacional aprobase la reforma presupuestaria desde antes de las elecciones municipales, pero diputados opositores se negaron, aduciendo que las partidas serían utilizadas para hacer proselitismo a favor del Frente
Sandinista.

Los legisladores opositores ahora se resisten a sesionar mientras no se apruebe una ley que anula las elecciones municipales, pues aducen que hubo fraude en al menos diez municipios.

“Todo tiene su origen en el fraude electoral que han denunciado diferentes sectores de la sociedad, y cuya única salida es que el Consejo Supremo Electoral mande a publicar los resultados generales y que cada Junta Receptora de Votos reciba las impugnaciones”, dijo Tünnermann.


Lo que está en juego
La reforma presupuestaria es de un total de 600 millones de córdobas. Contempla una partida extra de 140 millones de córdobas para rehabilitar parte de la red vial destruida por las constantes lluvias del mes de octubre pasado.

Está pendiente, entre otras, 50 millones de córdobas para el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) para atender a los afectados por las lluvias de octubre.