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Cada año un promedio de 600 adolescentes enfrentan procesos penales en Nicaragua y solo 120 están privados de libertad o en programas educativos, rehabilitación y reinserción social laboral, informó ayer Arelis Méndez, coordinadora de la Oficina Técnica de Seguimiento al Sistema Penal de Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia.

Méndez, quien asistió a la Asamblea Nacional a la presentación del libro “Adecuación de la Convención del Niño y la Niña, en las Leyes y Políticas y Restitución de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”, escrito por el diputado Carlos Emilio López, dijo que los menores tienen problemas con la ley, principalmente por el consumo de drogas.

“La principal causa por la que estos jóvenes tienen problemas legales es por el consumo de drogas, eso los lleva al robo para obtener recursos y seguir con los vicios”, destacó Méndez.

Manifestó que aunque estos jóvenes cometieron diferentes delitos, es necesario luchar para que se les brinde mejores condiciones en los sistemas penitenciarios, donde cumplen sus penas, e igualmente en los centros de rehabilitación donde son remitidos.

“Cabe señalar que los adolescentes en procesos penales representan una población menor, ya que el país prioriza a la niñez y adolescencia, eso se ve en las cifras. Los niños y jóvenes no están tan penalizados, hay que destacarlo y mantenerlo como país”, agregó Méndez.

Nicaragua es uno de los países más seguros de Latinoamérica y tiene una población de 1.3 millones de personas con edades de entre 10 y 19 años, según el Banco Central.

Disminución de casos
El Estado, explicó Méndez, cuenta con un proyecto para que la población adolescente que ha infringido leyes pueda cumplir sus medidas privativas de libertad en separación total de las personas adultas.

Según la Oficina Técnica de Seguimiento al Sistema Penal de Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia, existe una disminución del número de causas judiciales por denuncias de infracción penal de adolescentes desde el año 1999 hasta el 2010, lo que muestra que en Nicaragua este fenómeno delictivo no ha crecido en los últimos diez años, a diferencia de otros países de la región.

Para 1999 se reportaron 4,623 causas judiciales en contra de adolescentes, pero en 2010 la cifra llegó a las 695 causas de este tipo.

El diputado Carlos Emilio López dijo que la disminución de este fenómeno delictivo se debe a muchos factores, principalmente a la existencia de políticas públicas de atención y protección y programas sociales dirigidos a la niñez y adolescencia.

“Tenemos una gran diversidad de programas sociales”, comentó el legislador.

Calidad educativa
Por su parte Adilia Amaya, representante de la Federación Coordinadora de ONG que trabaja con la Niñez y Adolescencia (Codeni), indicó que para seguir bajando estos índices de infracción penal también es necesario invertir más en la educación  de los niños y jóvenes.

“Se tiene que invertir bastante en la educación secundaria, técnica y vocacional, si hay acceso a educación de calidad la delincuencia disminuye”, finalizó Amaya.