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Desde el oficialismo aseguran que no hay vuelta atrás y no aceptan ni siquiera irregularidades en el proceso luego que se hicieron de 105 de las 146 alcaldías en disputa en 15 departamentos y la Región Autónoma del Atlántico Sur.

Elecciones en RAAN y compresión de
calendario electoral
La primera discusión surgió desde diciembre de 2007 cuando el partido Indígena Yapti Tasba Masraka Nani Asla Takanka, Yatama, propuso la suspensión de las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, aduciendo que no había condiciones para los comicios tras la destrucción causada por el poderoso Huracán Félix en septiembre de ese año.

En enero y febrero de 2008, el FSLN secundó a Yatama. La oposición estaba en desacuerdo y argumentaba que en todo caso la medida debía ser tomada desde la Asamblea Nacional.

En medio de la crisis a finales de febrero, el Consejo Supremo Electoral adelantó el calendario electoral dejando en desventaja a los partidos pequeños que debieron hacer mayúsculos esfuerzos por llenar el porcentaje de candidaturas.

Curiosidades
En esa ocasión todos presentaron sus nominaciones en la RAAN, excepto el FSLN y la ALN. En el calendario adelantaron en dos meses el periodo de alianzas y por consiguiente el tiempo para inscribir candidaturas. Esta decisión puso en aprietos al PLC, pues tuvo que negociar con mayor rapidez su alianza con el Movimiento Vamos con Eduardo.

Hasta ese momento siete fuerzas políticas competirían en el Pacífico y dos partidos regionales participarían adicionalmente en la RAAN. El tres de abril, el CSE tensó aún más la crisis al anunciar sorpresivamente la suspensión de las elecciones en Bilwi, Waspam y Prinzapolka mediante una resolución aprobada por unanimidad entre los magistrados del Poder Electoral, incluso los liberales.

Arreglo
La resolución se dio apenas horas después que indígenas miskitos desataran choques violentos en Bilwi, entre quienes se oponían y quienes estaban de acuerdo con la suspensión de las elecciones en esos tres municipios.

Esta discusión llegó a paralizar el parlamento en una crisis que terminó con un arreglo entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Liberal Constitucionalista, con el que reformaron la Ley Electoral y extendieron la suspensión de las elecciones a siete de los ocho municipios de la RAAN.

Guillotina a MRS y PC
Antes, a inicios de junio el CSE canceló las personalidades jurídicas del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y del Partido Conservador, PC, argumentando que el primero incumplió sus estatutos internos y el segundo no cumplió con el 80 por ciento de las candidaturas a nivel nacional.

De esta forma el Poder Electoral redujo la contienda a cinco fuerzas políticas, tres de ellas con muy pocas posibilidades y señaladas de ser partidos satélites del FSLN. Entraron a la boleta el FSLN, el PLC, la ALN, el Partido Resistencia Nicaragüense, PRN y Alternativa por el Cambio, AC. En la RAAN competirán adicionalmente Yatama y el Partido Movimiento de Unidad Costeña, Pamuc.

El CSE no resolvió ningún recurso interpuesto por los partidos afectados y el caso se dio por cerrado cuando el tribunal de apelaciones contradictoriamente aceptó un recurso de amparo, pero no revirtió la resolución del Consejo.

No querían verificación
Adicionalmente, el CSE estuvo reacio a que hubiese un proceso de verificación, aunque finalmente se dio, pero fue reducido a dos días y no a cuatro, como se ha hecho en elecciones anteriores. El magistrado presidente del CSE, Roberto Rivas, adujo falta de presupuesto y desestimó los señalamientos sobre la lentitud en la entrega de cédulas y las cifras de ciudadanos que no tenían identificación.

Al final de la verificación, grupos ligados a los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, afines al gobierno golpearon salvajemente a Jaime Chavarría, del movimiento de Montealegre, porque protestó por lo que él consideraba irregularidades en el proceso de verificación.

¡Uyuyuy! a la observación
Con el proceso electoral en marcha, el CSE sostuvo su silencio sobre la observación electoral nacional e internacional, aunque se sabía de poca voluntad política para invitar observadores. El grupo Cívico Ética y Transparencia y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, hicieron sus respectivas solicitudes. Tras una larga espera, el CSE confirmó que la elecciones irían sin observación. El magistrado Roberto Rivas argumentó que los organismos nacionales carecían de legitimidad, pues algunos habían declarado afiliación partidaria.

Pero sí invitó en calidad de observadores al Consejo de Expertos Latinoamericanos, CEELA, organización ligada a gobiernos de izquierda y financiadas por el presidente venezolano Hugo Chávez. Rivas aseguró que era suficiente con ese grupo.

Migración masiva
tras verificación
Los resultados de la verificación ciudadana dieron movimientos migratorios internos sorprendentes con los cuales el FSLN movió gente de un municipio a otro. En esa ocasión los liberales denunciaron movimientos en La Concordia, Jinotega, que recibió sólo en la verificación 602 nuevos ciudadanos que representaban el 18 por ciento de la población.

La mayoría provenía de Estelí, donde el FSLN gana con amplia mayoría, y de San Rafael del Norte, donde tiene muy pocas posibilidades, pues los liberales tradicionalmente los triplicaban en votos. Lo mismo sucedió en San Pedro del Norte, en Chinandega, además de otros cambios en cantidades menores en otros municipios.

Sumado a esto, a mediados de junio en varios municipios cerraron el registro civil donde se pide certificados de nacimiento, requisito para solicitar cédulas.

Cédulas robadas o
favoritismo en entrega
Tras los incidentes, las cédulas se volvieron en el centro de atención, la oposición denunciaba constantemente lentitud o retención en la entrega de cédulas. La mayoría de denuncias provenían del norte del país en los departamentos de Matagalpa y Jinotega.

En San José de Bocay, un miembro del FSLN robó más de cuatro mil cédulas del Consejo Electoral Departamental. Al final sólo entregó mil 600, mientras que dos mil 500 desaparecieron. Las mismas denuncias se dieron en Matagalpa, Jinotega, San Ramón, San Dionisio y Muy Muy.

En el Pacífico retuvieron las cédulas hasta horas antes de las elecciones. En Ticuantepe, la Alianza Liberal Nicaragüense junto al PLC amenazó con tomarse el Consejo Electoral Municipal, CEM, de no entregar las cédulas.

CED, CEM y JRV bajo
control orteguista
Por otra parte, el CSE hizo desigual distribución de lo miembros en los diferentes órganos del Poder Electoral. Los CED, CEM y Juntas Receptoras de Votos quedaron en manos del FSLN y ALN, mientras que los segundos miembros fueron repartidos en su mayoría para Alternativa por el Cambio y el PRN, dejando al PLC suplentes y algunos propietarios.

Tal distribución no coincidía con el caudal de votantes de los partidos y ni siquiera era en partes iguales para los tres partidos que se disputarían ese segundo miembro.

Guía del CSE por encima de la Ley
Previo al día “D”, el CSE cerraba con una guía paso a paso que chocaba con la Ley Electoral, eliminando la aplicación de artículos de dicha Ley y la presencia de tres policías electorales cuya función en materia electoral era casi nula. El PLC consideraba el aumento de policías una forma de mover gente a municipios donde la competencia era cerrada.


El día “D”

La apertura de las JRV pareció tranquila. A eso de las nueve de la mañana, al menos en los departamentos de Carazo, Masaya, Granada y Managua en los recorridos hechos por EL NUEVO DIARIO, se observó la presencia y control de ciudadanos en algunas JRV, pese a no tener cargo alguno en la mesa de votación.

Más tarde, el PLC denunció que eran miembros de los CPC que mandaban a los integrantes de mesa. En Masaya, en algunos Centros de Votación no permitían votar a ancianos acompañados de sus familiares, sacándolos con el argumento de que inducirían el voto. En cambio orientaban que el anciano o discapacitado fuese acompañado por un policía electoral.

Lo peor, cerraron las JRV
En la capital la tarde sorprendió a los managuas con el cierre temprano de las urnas en al menos el 38 por ciento. Tras estos incidentes y violentas protestas se inició la espera del conteo con las constantes denuncias del PLC de que sus fiscales eran expulsados de las JRV por reclamar. Lo mismo sucedió en los centros de cómputo.

La atención estaba centrada en los datos de Managua principal plaza del país que posee el 20 por ciento del electorado nacional. Los primeros resultados con apenas el tres por ciento dados a conocer por el CSE arrojaron cifras aplastantes a favor del FSLN, incluso en Managua.

La madrugada del 10 de noviembre los liberales denunciaban que el CSE sólo procesaba las actas donde ganaba el FSLN, guardando las que daban ventaja al PLC.

Al final el CSE dio como ganador al FSLN con más de 220 mil votos frente al PLC con 202 mil. Resultados finales que no ofrecieron el detalle de las 2 mil 107 actas y el desconocimiento de Montealegre que argumenta una cifra poco menor de votos emitidos, pero con resultados a la inversa.

La reedición del fraude
Lo mismo sucedió en decenas de municipios donde el PLC con el 100 por ciento de actas en manos tenía resultados justamente invertidos. En otros municipios con competencia cerrada aparecieron juntas impugnadas cuando no tenía recurso alguno desde la JRV.

Por otra parte, municipios que el mismo CSE daba a favor del PLC aparecieron con decenas de juntas impugnadas revirtiendo los resultados. Esto sucedió en Masaya, Jinotepe, Jinotega y Boaco.

En León y Managua, las dos principales plazas simplemente no se publicó detalles y ofrecieron resultados finales.

El CSE no aceptó recurso alguno e hizo un remedo de recuento. De esta forma el FSLN ganó 105 plazas, el PLC, 37 y la ALN cuatro. Hasta el momento las elecciones han creado una crisis que paraliza la Asamblea Nacional, pero no se vislumbra voluntad de aclarar los resultados.